La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció la imposición de nuevos aranceles a 60 socios comerciales —entre ellos Chile— en el marco de una ofensiva para combatir el trabajo forzado en las cadenas globales de suministro.
La medida, instruida por el presidente Donald Trump, establece tarifas de 10% para los países que hayan asumido compromisos para prohibir e implementar controles efectivos contra este tipo de prácticas, y de 12,5% para aquellos que no cuenten con dichas normativas o cuya aplicación sea considerada insuficiente.
Según detalló la USTR, la acción se enmarca en investigaciones bajo la Sección 301 y abarca a los principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de sus importaciones. El objetivo es presionar a estos países a adoptar estándares similares a los estadounidenses, que prohíben desde hace décadas la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Desde el organismo señalaron que la iniciativa busca “eliminar la esclavitud moderna en su origen”, obligando a los países socios a establecer prohibiciones efectivas sobre este tipo de productos para evitar su ingreso al comercio internacional.
En el caso de Chile, la inclusión en el listado implica que sus exportaciones a Estados Unidos podrían quedar sujetas a estos aranceles, dependiendo del grado de cumplimiento que Washington estime respecto de las políticas contra el trabajo forzado.
La USTR enfatizó que aquellos países que adopten medidas concretas y efectivas podrán acceder a la tarifa menor, en línea con los compromisos ya asumidos por al menos diez socios comerciales en acuerdos recientes. En contraste, quienes no implementen estos estándares enfrentarán una mayor carga arancelaria.
La medida contempla algunas excepciones, incluyendo materiales informativos, donaciones, equipaje personal y ciertos productos estratégicos cuya aplicación de tarifas podría generar disrupciones económicas o problemas de abastecimiento en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense defendió la decisión como parte de su política comercial “America First”, orientada a corregir prácticas consideradas desleales y a proteger tanto a los trabajadores estadounidenses como a aquellos en el extranjero expuestos a condiciones de explotación.
El anuncio llega previo a una fecha clave: este viernes 24 de julio vence el arancel provisional de 10% aplicado por la Casa Blanca.
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