El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre el proyecto de ley que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central para 2026, advirtiendo un aumento en las presiones fiscales y un estrechamiento del margen respecto del nivel prudente de deuda.
La presentación fue realizada por la presidenta del organismo, Paula Benavides; el vicepresidente, Sebastián Izquierdo; y el gerente de Estudios, Mario Arend, quienes detallaron que el proyecto solicita autorizar al Ejecutivo a contraer obligaciones adicionales por hasta US$6.200 millones durante 2026.
Según explicó Benavides, esta cifra se suma a lo ya contemplado en la Ley de Presupuestos 2026, que autoriza endeudamiento por hasta US$17.400 millones, más US$600 millones adicionales. Los nuevos recursos responden a tres factores principales: un mayor déficit efectivo proyectado, efectos del tipo de cambio —particularmente la apreciación del peso— y la necesidad de cumplir obligaciones fiscales y manejar la liquidez.
El CFA indicó que las presiones de financiamiento han aumentado entre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025 y el del primer trimestre de 2026, debido a un mayor déficit, un uso más intensivo de activos del Tesoro Público, mayores préstamos netos y diferencias asociadas al tipo de cambio en emisiones de deuda.
Asimismo, el organismo identificó nuevas presiones vinculadas al incremento del nivel de caja requerido y a la reducción del stock de deuda flotante. En este contexto, advirtió que el Gobierno deberá optar entre financiar estas necesidades mediante mayor endeudamiento, reducción de activos o un ajuste fiscal más profundo.
En cuanto al impacto en la deuda, el CFA señaló que, si bien el escenario base proyecta una deuda bruta de 43,1% del PIB para 2026, la mayor autorización implicaría emisiones adicionales por US$1.500 millones. Con ello, la deuda alcanzaría cerca de 43,4% del PIB, e incluso podría llegar a 43,6% en caso de un menor crecimiento económico.
“El mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto a lo proyectado en la Ley de Presupuestos 2026”, indicó el Consejo, atribuyéndolo a menores ingresos esperados —por una recaudación más baja en 2025 y ajustes en la estimación de la Ley de Cumplimiento Tributario— y a mayores proyecciones de gasto.
El organismo también recordó que parte de estas presiones ya habían sido advertidas previamente, como la omisión del inflactor en el Subtítulo 21 y la insuficiente provisión para el reajuste del sector público.
En esa línea, el CFA subrayó que, para cumplir con sus obligaciones, el Gobierno deberá recurrir a mayores niveles de endeudamiento, profundizar el uso de activos —que ya se encuentran en mínimos históricos— o avanzar en un ajuste fiscal.
Por su parte, Benavides planteó que la solicitud de mayor endeudamiento refleja la falta de fuentes permanentes de financiamiento, como un mayor crecimiento económico, mejoras en la eficiencia del gasto, reducción de la evasión y mayores ingresos fiscales.
Asimismo, destacó que el plan de acciones correctivas, que contempla un ajuste fiscal de US$1.000 millones en su segunda etapa, podría aliviar parcialmente las presiones sobre el déficit, reiterando el llamado a mantener el esfuerzo de consolidación fiscal.
Finalmente, el CFA advirtió que operar cerca o sobre el umbral prudente de deuda —definido en 45% del PIB— no es inocuo, ya que incrementa el gasto en intereses, presiona las tasas de interés y reduce el margen de acción del Estado ante eventuales crisis.
“Resulta indispensable avanzar en una senda sostenida de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda por debajo de su nivel prudente”, concluyó Benavides.
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