La justicia argentina reconoció como crimen de lesa humanidad el asesinato de cinco personas entre el 9 y el 10 de junio de 1956 y la responsabilidad del Estado por estos hechos, que fueron denunciados por el célebre escritor y periodista Rodolfo Walsh (1927-1977) en su libro Operación Masacre, destacó el abogado que patrocinó la querella, Alberto Palacio.
«Estamos muy satisfechos: es histórico que después de 70 años haya existido una condena que cataloga los hechos como crímenes de lesa humanidad», explicó el letrado.
La justicia federal del partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires (este), acreditó que, a partir de un allanamiento ilegal, agentes policiales detuvieron a 12 personas que trasladaron, en un principio, a la comisaría y después a un descampado, en la localidad de José León Suárez, donde perpetraron los fusilamientos.
Fueron asesinadas cinco víctimas: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión, mientras que otras siete lograron sobrevivir: Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.
Estos fusilamientos fueron descubiertos y revelados de manera magistral hace 70 años en «Operación Masacre» (1957), uno de los más grandes libros de investigación periodística del país escrito por el escritor y periodista Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido al año de comenzada la última dictadura cívico militar (1976-1983).
El proceso, que comenzó el miércoles de la semana pasada y concluyó el lunes, determinó «cuál hubiera sido la pena que le hubiera correspondido a cada uno de los responsables, que es cadena perpetua», puntualizó el abogado que impulsó el juicio.
«Esto tiene un significado muy importante que está reflejado en una sentencia dictada por un poder del Estado en la república, que es el Poder Judicial, y la forma de expedirse es a través de una sentencia, que cuando tiene el carácter de cosa juzgada, tiene el mismo efecto de una ley», profundizó Palacio.
El fallo judicial adjudicó las responsabilidades a los jerarcas de la dictadura cívico-militar vigente en ese momento, conocida como Revolución Libertadora, que con un golpe de Estado derrocó al entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y que se prolongó hasta 1958.
Además de responsabilizar al presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y al vicepresidente Isaac Rojas, fueron encontrados culpables el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, todos ellos fallecidos.
«Si bien han pasado 70 años, el acto más reparatorio para las víctimas es un juicio y una sentencia condenatoria, que en estas circunstancias tan particulares, se pudo determinar en un juicio y en una sentencia reflejada esa situación», señaló Palacio.
FUSILADO QUE VIVE
El miércoles, en la primera jornada de un juicio emblemático para el país vecino, brindó su testimonio Juan Carlos Livraga, el «fusilado que vive», según detalla el comienzo de «Operación Masacre».
Livraga, que vive en EEUU desde hace más de seis décadas y cumple 95 años por estos días, es el único sobreviviente entre las víctimas.
El proceso de pesquisa y recolección de pruebas comenzó con la denuncia que presentó Palacio en junio de 2022, y así comenzó un proceso de investigación que se prolongó durante cuatro años.
Argentina mantiene vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia también con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, al haber sabido juzgar a los criminales que formaron parte del terrorismo de Estado y que causaron 30.000 detenidos-desaparecidos, además de apropiarse de unos 500 bebés que nacieron en cautiverio y que fueron arrebatados de sus madres parturientas para sustraerles su identidad y darlos en adopción a otras familias.
Por Ana Delicado Palacios (Sputnik)
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