Las autoridades mexicanas investigan restos humanos encontrados en más de una veintena de bolsas que podrían aportar nuevos antecedentes sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
Los fragmentos, algunos de ellos sometidos a altas temperaturas y endurecidos por el proceso, fueron encontrados durante distintas etapas de la investigación en sectores como el basurero de Cocula y en las inmediaciones de cursos de agua de la zona, además de otros restos localizados dentro y alrededor de la funeraria El Ángel, en Iguala.
Por el momento no existen resultados científicos que permitan establecer que los restos pertenezcan a alguno de los 43 jóvenes desaparecidos. Los análisis de laboratorio buscan ahora determinar su identidad y esclarecer por qué este material no recibió anteriormente un examen exhaustivo.
La funeraria El Ángel se ha convertido en uno de los puntos centrales de esta nueva etapa de la investigación. El establecimiento tenía bajo concesión servicios forenses desde 2011 y disponía de tres hornos crematorios, uno de los cuales habría funcionado de manera clandestina y sin registro oficial.
Parte de los restos permaneció durante años sin ser incorporada de manera decisiva a las pesquisas, pese a haber estado disponible durante distintas etapas de la investigación. La Fiscalía revisa ahora antecedentes, declaraciones y elementos que fueron descartados o considerados poco relevantes anteriormente.
Una desaparición que estremeció a México
Los 43 estudiantes desaparecieron durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, después de una serie de ataques en Iguala. Policías municipales interceptaron a los normalistas y distintas investigaciones posteriores establecieron la participación de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y de agentes del Estado.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentó como explicación oficial la denominada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes habían sido asesinados, sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula y sus restos posteriormente arrojados a un río.
Esa reconstrucción fue posteriormente cuestionada por investigaciones independientes, que determinaron que no existían pruebas para sostener que los 43 cuerpos hubieran sido incinerados en ese lugar en las condiciones descritas por las autoridades. También se detectaron contradicciones en declaraciones de detenidos, indicios de torturas y anomalías en el tratamiento de escenas y evidencias.
La investigación oficial desarrollada años después concluyó además que la desaparición constituyó un crimen de Estado y sostuvo que existió una operación para construir y mantener una versión de los hechos que ocultó información sobre la participación de autoridades y sus vínculos con organizaciones criminales. Hasta ahora, solo tres de los 43 estudiantes han podido ser identificados mediante restos recuperados durante las investigaciones.
Una nueva pista casi 12 años después
El análisis de las bolsas abre ahora una línea particularmente sensible, porque podría proporcionar información forense que permaneció sin explotar durante más de una década.
Los investigadores también buscan establecer por qué determinadas evidencias fueron relegadas y si todavía existen restos sin recuperar en terrenos vinculados a la funeraria y otros puntos de Iguala y Cocula.
A pocos días de cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes, el caso continúa sin una reconstrucción definitiva sobre el destino de los 43 jóvenes y con numerosas interrogantes acerca de la actuación de policías, autoridades civiles, militares y miembros del crimen organizado durante aquella noche.
Los resultados de los nuevos peritajes serán determinantes para establecer si los fragmentos encontrados guardan efectivamente relación con los estudiantes y si pueden modificar una de las investigaciones criminales y de derechos humanos más emblemáticas de la historia reciente de México.
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