El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que su Gobierno esté preparando una liberación masiva de pandilleros y aclaró que su propuesta de beneficios penitenciarios está dirigida exclusivamente a personas encarceladas por colaborar con organizaciones criminales, pero que no necesariamente forman parte de sus estructuras.
La aclaración se produjo después de que el mandatario planteara la posibilidad de incorporar a cerca del 50% de este grupo de reclusos al programa Cero Ocio, una iniciativa de trabajo y reinserción que podría permitirles reducir su permanencia en prisión.
Bukele rechazó las interpretaciones que apuntaban a una eventual excarcelación de decenas de miles de presos y aseguró que cada caso será sometido a una evaluación individual antes de determinar si corresponde otorgar algún beneficio.
«Nosotros creemos, en una previa revisión, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar diez años para que salga más criminal», explicó.
El mandatario insistió en que existe una diferencia entre los integrantes de las pandillas y quienes han prestado algún tipo de colaboración, ya que sus responsabilidades penales y niveles de participación pueden ser distintos.
«Ningún pandillero va a salir libre. Nunca», afirmó.
Revisión individual de los casos
La propuesta contempla examinar los antecedentes de los reclusos condenados por colaborar con las pandillas para determinar cuáles podrían incorporarse a programas laborales y de rehabilitación.
Según Bukele, no todas las personas que han mantenido vínculos con estas organizaciones desempeñaron las mismas funciones ni participaron directamente en actividades violentas.
«Vamos a revisar los casos y vamos a ver qué nivel», señaló.
El presidente sostuvo que la iniciativa no contempla excarcelaciones automáticas y que cualquier eventual reducción del tiempo de prisión dependerá de los mecanismos legales aplicables y de las evaluaciones correspondientes.
También cuestionó las informaciones que interpretaron sus declaraciones como el anuncio de una liberación de 46.000 reclusos.
«Espero que los medios que reportaron que íbamos a liberar a la mitad de los presos y que íbamos a liberar 46.000 personas pongan una fe de errata», manifestó.
El Gobierno salvadoreño no ha precisado cuántos internos podrían resultar finalmente beneficiados ni los criterios específicos que se utilizarán para determinar su incorporación al programa.
Cero Ocio: trabajo y reinserción
Bukele defendió el programa Cero Ocio como una herramienta para preparar a determinados reclusos para su eventual reincorporación a la sociedad.
La iniciativa contempla actividades laborales y formativas dentro del sistema penitenciario, con el propósito de fomentar hábitos de trabajo y reducir las posibilidades de reincidencia.
El mandatario argumentó que mantener a una persona encarcelada durante años sin ofrecer alternativas de rehabilitación puede dificultar su reinserción una vez cumplida la condena.
En ese sentido, sostuvo que los beneficios penitenciarios no deben interpretarse necesariamente como una flexibilización de la política de seguridad.
«Eso no es ser blando con los criminales», afirmó.
Su planteamiento busca establecer una distinción entre quienes considera responsables de delitos graves vinculados con las pandillas y aquellos condenados por conductas de colaboración que podrían reunir condiciones para acceder a programas de rehabilitación.
Una política de seguridad basada en penas más severas
Las declaraciones se producen en el contexto de la estrategia de seguridad impulsada por Bukele, caracterizada por el endurecimiento de las penas y las detenciones masivas de personas sospechosas de pertenecer a organizaciones criminales.
Desde marzo de 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción que ha permitido ampliar las facultades de detención y restringir determinadas garantías procesales.
La política gubernamental ha sido presentada por el Ejecutivo como uno de los principales factores de la reducción de la violencia vinculada con las pandillas, aunque también ha generado cuestionamientos por denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones del debido proceso y condiciones de reclusión.
Bukele recordó que su administración ha promovido reformas destinadas a incrementar las sanciones penales, entre ellas el aumento de las condenas por pertenencia a asociaciones ilícitas.
Según las cifras expuestas por el mandatario, las penas por este delito pasaron de rangos de dos a cuatro años a condenas de entre 20 y 40 años de prisión.
También defendió la incorporación de penas de prisión perpetua para determinados delitos graves, como parte de una estrategia orientada a impedir que sus responsables recuperen la libertad.
El desafío de compatibilizar castigo y rehabilitación
La nueva propuesta abre un debate sobre el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño y las posibilidades de reinserción de quienes cumplen condenas por delitos relacionados con las pandillas.
Mientras el Gobierno insiste en mantener un tratamiento penal especialmente severo para los integrantes de estas organizaciones, reconoce que algunos colaboradores podrían acceder a mecanismos de rehabilitación y beneficios penitenciarios.
La distinción plantea interrogantes sobre los criterios que se utilizarán para establecer el grado de vinculación de cada recluso con las estructuras criminales y las garantías que acompañarán el proceso de revisión.
También queda pendiente conocer si el programa contempla modificaciones legales adicionales o si los eventuales beneficios se aplicarán mediante los mecanismos penitenciarios existentes.
Por ahora, Bukele ha descartado una excarcelación generalizada y ha insistido en que la revisión estará limitada a determinados colaboradores de las pandillas.
La principal incógnita es cuántos presos podrán acceder efectivamente al programa Cero Ocio y bajo qué condiciones podrían obtener una reducción de sus condenas o la libertad condicional.
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