Bolivia negociará un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la necesidad de obtener recursos para reactivar su economía, afectada por más de siete semanas de conflictos sociales y por la reciente devaluación de la moneda nacional.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó este lunes que el financiamiento del organismo internacional forma parte del plan económico del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
“Existe una necesidad imperiosa de traer recursos a Bolivia. Cuando llegamos al Gobierno necesitábamos un plan de reactivación económica y, después de estos 53 días de intento de golpe de Estado y de ataque a la economía familiar, ha quedado claro que necesitamos todavía más recursos”, señaló Espinoza en una entrevista con el canal Unitel.
El secretario de Estado sostuvo que cualquier fuente de financiamiento será considerada por el Ejecutivo, incluido el FMI.
Aunque las autoridades aún no han informado oficialmente el monto del préstamo, medios bolivianos señalaron que las negociaciones contemplan un crédito por unos US$5.000 millones.
Desde que asumió el poder, el Gobierno de Rodrigo Paz ha acordado financiamientos externos por cerca de US$8.000 millones. De ese total, US$3.100 millones corresponden a compromisos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que otros US$4.500 millones fueron convenidos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La decisión de recurrir al FMI se conoce en momentos en que Bolivia comenzó a aplicar un régimen cambiario flexible, con una cotización de 9,73 bolivianos por dólar, después de más de 15 años con un tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar.
Espinoza negó que la modificación cambiaria haya sido impuesta o recomendada por el FMI.
“Nada de lo que hacemos responde a una imposición o sugerencia de organismos extranjeros. Es lo que hay que hacer para darle certidumbre a la economía”, afirmó.
Rodrigo Paz gobierna Bolivia desde el 8 de noviembre de 2025 y durante su administración ha impulsado reformas como la eliminación de los subsidios a los combustibles, el aumento del salario básico en un 20%, la autorización para que los bancos restituyan parcialmente depósitos en dólares y la devaluación de la moneda local.
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