Las autoridades talibán de Afganistán defendieron este miércoles la prohibición de las manifestaciones públicas, argumentando que las protestas no forman parte del sistema jurídico basado en la ley islámica vigente en el país.
El portavoz del gobierno de facto, Zabihulá Muyahid, afirmó en Kabul que las manifestaciones corresponden a sociedades regidas por otros sistemas políticos, como democracias o repúblicas, pero que no tienen cabida dentro del orden establecido por los talibán.
“Las protestas no existen dentro de las leyes islámicas”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que la nueva normativa incorpora las disposiciones consideradas necesarias para garantizar la seguridad, la estabilidad y la prevención de delitos.
Muyahid llamó a los ciudadanos a presentar sus reclamos directamente ante las instituciones oficiales, argumentando que las protestas callejeras pueden generar alteraciones del orden público, daños a la propiedad y desórdenes sociales.
La prohibición ha generado nuevas críticas internacionales debido al deterioro de las libertades civiles registrado desde que los talibán retomaron el control de Afganistán en agosto de 2021.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que las nuevas disposiciones constituyen una vulneración del derecho a la reunión pacífica y consolidan un sistema en el que los opositores, activistas y críticos del régimen enfrentan riesgos de detenciones arbitrarias, malos tratos y desapariciones.
Cinco años de crecientes restricciones
La prohibición de las manifestaciones se suma a una extensa serie de medidas adoptadas durante los últimos cinco años. Las autoridades talibán han impuesto severas limitaciones a la libertad de expresión, el trabajo, la educación y la participación en la vida pública, con un impacto especialmente profundo sobre mujeres y niñas.
Desde su regreso al poder, el régimen ha promulgado más de un centenar de disposiciones que restringen específicamente los derechos de las mujeres. Afganistán continúa siendo el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido formalmente continuar sus estudios más allá de la educación primaria.
Datos difundidos en agosto indican que más de 2,6 millones de niñas afganas han quedado privadas de educación secundaria desde 2021. Las mujeres también están excluidas de las universidades desde diciembre de 2022 y enfrentan fuertes restricciones para trabajar, viajar y participar en espacios públicos.
Las restricciones también han alcanzado a periodistas, activistas y personas consideradas críticas de las autoridades, quienes han denunciado episodios de intimidación, detenciones arbitrarias y torturas.
Represión de protestas
La nueva prohibición llega después de episodios de tensión registrados durante este año. En junio, fuerzas de seguridad abrieron fuego durante una manifestación en Herat convocada contra las detenciones de mujeres acusadas de incumplir las normas de vestimenta impuestas por el régimen. Al menos tres personas resultaron heridas durante la intervención.
El endurecimiento de las restricciones se produce además mientras Afganistán atraviesa una grave crisis humanitaria y económica. Cerca del 40% de la población necesita asistencia urgente, mientras las limitaciones impuestas a las mujeres dificultan también el funcionamiento de organizaciones dedicadas a entregar ayuda humanitaria.
Cinco años después de recuperar Kabul tras la retirada de las fuerzas internacionales, los talibán han avanzado así desde las restricciones específicas contra determinados grupos hacia un modelo cada vez más amplio de control sobre la vida pública, en el que las manifestaciones pasan ahora a quedar formalmente fuera del marco permitido por las autoridades.
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