Un nuevo conflicto enfrenta a la pesca artesanal y a la industria pesquera chilena luego que la Contraloría Regional de Valparaíso acogiera una presentación realizada por la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA) y declarara ilegal una resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) que permitía incorporar a casi 5.000 pequeños armadores artesanales a importantes pesquerías del país.
El dictamen, contenido en el Oficio N° OF110267/2026 emitido el 10 de junio, cuestiona la legalidad de la Resolución Exenta N° 2.563 de 2025, mediante la cual SUBPESCA había instruido al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) incorporar de oficio al Registro Pesquero Artesanal (RPA) a armadores propietarios de una o dos embarcaciones que cumplieran determinados requisitos.
La medida permitía el acceso a pesquerías de alto valor económico como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola, en el marco de la implementación de la Ley N° 21.752, que modificó el sistema de fraccionamiento de cuotas de captura favoreciendo una mayor participación del sector artesanal.
Casi 5.000 armadores afectados
Según datos de SERNAPESCA, la resolución beneficiaba a 4.949 armadores artesanales distribuidos en 296 caletas de ocho regiones del país: Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
Las regiones más afectadas serían Los Lagos, con 1.560 armadores potencialmente beneficiados; Biobío, con 1.489; Coquimbo, con 569; Valparaíso, con 440; y Atacama, con 317.
Diversas organizaciones del sector sostienen que muchos pescadores realizaron inversiones para adquirir embarcaciones y prepararse para operar bajo el nuevo esquema de distribución de cuotas aprobado por el Congreso.
Contraloría detectó un defecto procedimental
La presentación fue realizada por Felipe Sandoval Precht, en representación de SONAPESCA, organización que agrupa a las principales empresas de la pesca industrial del país.
La Contraloría concluyó que SUBPESCA no acreditó haber efectuado las consultas previas al Consejo Zonal de Pesca y al Comité de Manejo correspondiente, requisito establecido en el artículo 48 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Por esta razón, instruyó a la Subsecretaría regularizar el procedimiento en un plazo de 15 días hábiles y evaluar la aplicación de la potestad invalidatoria contemplada en la Ley N° 19.880.
Pescadores acusan intervención de la industria
La decisión provocó una inmediata reacción del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, organizaciones que acusaron a SONAPESCA de intentar bloquear la aplicación efectiva del nuevo fraccionamiento pesquero.
El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés Bernal, sostuvo que los pescadores artesanales “están ejerciendo un derecho reconocido por el Congreso” y acusó a la industria de utilizar recursos administrativos y jurídicos para impedir una redistribución de los recursos pesqueros.
Desde el norte del país, el presidente de CORANOR y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, Pascual Aguilera, afirmó que numerosos pescadores invirtieron confiando en que el Estado implementaría la nueva legislación.
“Los pescadores vieron una oportunidad de surgir y apostaron a que el Estado cumpliría. Ahora se encuentran con una barrera que pone en riesgo esa expectativa”, señaló.
Por su parte, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, advirtió que el impacto no sólo afecta a quienes salen a pescar, sino también a cientos de mujeres vinculadas al procesamiento y comercialización de productos del mar en las caletas del país.
Anuncian acciones para revertir el dictamen
Las organizaciones artesanales informaron que están estudiando acciones legales para revertir el dictamen y solicitaron al Subsecretario de Pesca que subsane las observaciones formuladas por la Contraloría, realizando las consultas exigidas por la normativa sin invalidar la resolución original.
Según CONDEPP, mantener vigente la resolución es clave para garantizar la implementación efectiva de la Ley N° 21.752, aprobada por el Congreso con el objetivo de corregir la concentración histórica de cuotas pesqueras en manos de grandes grupos industriales.
El sector artesanal sostiene que la controversia no sólo involucra el acceso a determinadas pesquerías, sino también el futuro de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad pesquera en distintas zonas costeras del país.
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