
La administración del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, atraviesa semanas complejas. A la renuncia de quien fuera uno de sus principales colaboradores, el exdiputado Tomás Fuentes, se han agregado nuevas controversias que han abierto cuestionamientos desde el Concejo Municipal y sectores de la oposición comunal.
El primer golpe político ocurrió en marzo, cuando Tomás Fuentes dejó el cargo de administrador municipal luego de que se conociera que había sido condenado por conducir en estado de ebriedad y que la suspensión de funciones decretada por la justicia no se habría materializado mientras ejercía en el municipio. El caso motivó anuncios de acciones ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República por parte de concejales de la comuna.
A ese episodio se sumó recientemente la controversia por un convenio de colaboración suscrito entre la Municipalidad de Ñuñoa y la Universidad San Sebastián. La decisión generó reparos luego de que el concejal Andrés Argandoña señalara que Sichel había mantenido una relación contractual con esa casa de estudios antes de llegar a la alcaldía. Además, cuestionó que el Concejo Municipal conociera el acuerdo a través de redes sociales y no por los canales institucionales correspondientes.
La situación volvió a escalar tras conocerse la contratación a honorarios de Laura Codina Powers, hermana del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina. De acuerdo con antecedentes publicados por Contrapoder Chile, la profesional fue contratada el 29 de abril para desempeñar funciones de apoyo administrativo y logístico, con una remuneración total superior a los $3,5 millones por dos meses de trabajo.
La contratación provocó nuevas críticas desde el Concejo Municipal. El concejal Andrés Argandoña afirmó que Sichel llegó a la alcaldía prometiendo terminar con las prácticas de operadores políticos y sostuvo que la incorporación de familiares y cercanos a figuras del oficialismo y de partidos de derecha contradice ese discurso.
Los nuevos antecedentes se agregan a una serie de controversias que han acompañado la gestión del alcalde desde el inicio de su mandato, incluyendo cuestionamientos por contrataciones de figuras ligadas a la política nacional y observaciones realizadas por organismos fiscalizadores en distintos procesos municipales.
Mientras desde el municipio no se han anunciado modificaciones respecto de las contrataciones cuestionadas ni del convenio con la Universidad San Sebastián, las críticas han instalado un nuevo foco de tensión política en una administración que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre sus criterios de contratación y sus vínculos con actores externos.
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