La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, responsabilizó este lunes a la intervención de Estados Unidos en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada por el deterioro de la seguridad en Sinaloa, estado que desde hace dos años enfrenta una violenta disputa entre facciones del poderoso cartel que lleva su nombre.
La mandataria afirmó que antes de la operación que terminó con Zambada detenido en territorio estadounidense, Sinaloa registraba menos de un homicidio diario y sostuvo que la ruptura interna provocada por aquel episodio desencadenó una escalada de violencia que las autoridades mexicanas todavía intentan contener.
“Eso no quiere decir que no se deba detener a los que cometen delitos, pero tiene que hacerse, si hay información de un gobierno extranjero, con instituciones nacionales”, planteó Sheinbaum durante su conferencia de prensa, un día después de visitar Sinaloa.
La presidenta insistió en que la experiencia del estado constituye, a su juicio, una demostración de las consecuencias que puede tener una operación extranjera realizada sin coordinación con las instituciones mexicanas.
“Sinaloa es una demostración de que el injerencismo, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, sostuvo.
La posición de Sheinbaum mantiene una línea planteada anteriormente por el gobierno mexicano. Tras la captura de Zambada en julio de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también responsabilizó parcialmente a Washington por la posterior ola de violencia y cuestionó que México no hubiera sido informado previamente de la operación.
La captura que cambió el escenario en Sinaloa
Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 después de aterrizar en un pequeño aeropuerto de Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Zambada sostuvo posteriormente que había sido secuestrado y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos por Guzmán López. Las circunstancias de aquel vuelo se convirtieron rápidamente en un punto de fricción diplomática entre Ciudad de México y Washington.
Pocas semanas después, en septiembre de 2024, comenzaron enfrentamientos abiertos entre los grupos vinculados a Zambada —conocidos como La Mayiza— y Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de “El Chapo”. En los primeros días de aquella ofensiva ya se contabilizaban decenas de muertos y miles de efectivos habían sido desplegados para intentar contener los choques.
La crisis no logró ser controlada definitivamente. Dos años después, la violencia asociada a la fractura del Cártel de Sinaloa acumula alrededor de 3.900 asesinatos y unas 4.400 personas desaparecidas, mientras el Gobierno federal mantiene una amplia presencia de fuerzas de seguridad en la región.
En septiembre de 2026, el Ejecutivo mexicano reforzó nuevamente el dispositivo con el envío de unos 3.400 efectivos adicionales a Mazatlán, entre integrantes del Ejército, Marina y otras fuerzas federales.
Zambada condenado a cadena perpetua
El caso de “El Mayo” también tuvo un desenlace judicial relevante este año. El 20 de julio de 2026, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por dirigir durante décadas una empresa criminal vinculada al Cártel de Sinaloa y por delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.
Además, la justicia estadounidense ordenó el decomiso de US$15.000 millones atribuidos a ganancias obtenidas mediante las actividades criminales de la organización. Zambada se había declarado culpable en agosto de 2025.
Sheinbaum ya había reclamado en agosto pasado que Estados Unidos aclarara completamente las circunstancias de la captura del narcotraficante, argumentando que para México seguía siendo indispensable determinar si autoridades estadounidenses participaron o promovieron una operación que terminó alterando el equilibrio entre las organizaciones criminales de Sinaloa.
Cooperación, pero con respeto a la soberanía
La mandataria mexicana ha defendido que la estrategia contra el crimen organizado debe combinar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el combate a la corrupción y políticas dirigidas a las causas sociales de la delincuencia.
Al mismo tiempo, el episodio de Zambada se ha convertido en uno de los principales ejemplos utilizados por su Gobierno para establecer límites a la cooperación estadounidense en materia de seguridad: intercambio de información y coordinación operativa, pero sin acciones unilaterales dentro de territorio mexicano.
El debate ocurre además en un período de tensiones entre ambos países por el combate al narcotráfico y, especialmente, por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Pese a esas diferencias, Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, han mantenido contactos directos para abordar seguridad, comercio y la relación bilateral.
Para el Gobierno mexicano, el caso Sinaloa se ha transformado así en un argumento central de su política hacia Washington: combatir conjuntamente a las organizaciones criminales, pero mediante operaciones coordinadas entre ambos Estados y respetando la soberanía mexicana.
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