Con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de Escuelas Protegidas, que establece medidas de seguridad, orden y respeto en la comunidad educativa.
La iniciativa —ingresada por el Ejecutivo con discusión inmediata— será revisada en particular en la próxima sesión, tras lo cual deberá volver a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite legislativo.
El proyecto busca responder al aumento de hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales, incorporando medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrupciones de clases y nuevos requisitos asociados al acceso a la gratuidad.
Pese a las diferencias, hubo una condena transversal al asesinato de la inspectora María Victoria Reyes Vache, ocurrido en marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, hecho que marcó el contexto del debate legislativo.
Medidas clave del proyecto
Entre los puntos aprobados por la Comisión de Educación, se establece que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de estudiantes, con el objetivo de prevenir el ingreso de elementos peligrosos.
La medida, sin embargo, estará sujeta a condiciones estrictas: solo podrá aplicarse ante motivos fundados, individualizados y verificables, quedando prohibidas las revisiones arbitrarias o basadas en características personales como origen, género, religión o condición socioeconómica.
Asimismo, se prohíbe cualquier forma de revisión corporal o de vestimenta, incluyendo la exigencia de desnudarse. Las inspecciones deberán realizarse en espacios designados, sin contacto físico y con la presencia de al menos dos adultos del establecimiento, uno de ellos del equipo de convivencia escolar.
En caso de detectarse objetos potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los apoderados y a las policías, ya sea Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI).
El proyecto también regula el procedimiento ante la negativa de un estudiante a ser revisado, contemplando la intervención de los apoderados y, en última instancia, de las autoridades policiales.
Además, se faculta a los establecimientos a restringir el uso de prendas o accesorios que impidan la identificación facial, con excepciones por motivos de salud, razones culturales o religiosas, identidad de género o condiciones climáticas.
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