El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó la gestión de la inmigración masiva en Europa y puso a España como ejemplo de los problemas que, a su juicio, provoca una entrada descontrolada de personas, en referencia a la crisis registrada recientemente en la ciudad autónoma de Ceuta.
Durante una entrevista televisiva en la que fue consultado sobre los desafíos que enfrenta Europa, Rubio aseguró que el continente atraviesa dificultades importantes en materia migratoria y aludió directamente a las imágenes provenientes de España.
“Todos hemos visto las imágenes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en España”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio sostuvo que “ningún país responsable y gobernado por personas responsables” puede mantener sus fronteras completamente abiertas y permitir el ingreso masivo de cualquier persona que quiera entrar.
El secretario de Estado aclaró que su posición no supone un rechazo a la inmigración y recordó que Estados Unidos es un país construido históricamente por inmigrantes. Sin embargo, defendió un modelo basado en procedimientos regulados, identificación de quienes ingresan y límites determinados por cada Estado.
Según explicó, una política migratoria ordenada debe permitir que las autoridades conozcan los antecedentes de las personas que buscan entrar y decidan tanto los criterios de admisión como el número de inmigrantes que el país está dispuesto a recibir cada año.
“Esto es migración adecuada, inmigración adecuada”, sostuvo.
Rubio contrapuso ese modelo con lo que calificó como una “afluencia incontrolada de personas” registrada durante los últimos años en distintas partes de Occidente y, particularmente, durante la administración del expresidente estadounidense Joe Biden.
El secretario de Estado utilizó además una comparación para explicar su posición: dijo que no está “en contra de la lluvia”, sino de “las inundaciones”, analogía que aplicó a la diferencia entre inmigración regulada y migración masiva.
A su juicio, los grandes movimientos migratorios generan elevados costos económicos y sociales y “no son sostenibles a largo plazo”. Rubio aseguró que los países europeos están enfrentando actualmente esa realidad y que Estados Unidos habría atravesado una experiencia similar durante los cuatro años de la administración Biden.
La crisis migratoria de Ceuta
Las declaraciones del secretario de Estado se producen dos meses después de la inédita crisis registrada en Ceuta, territorio español situado en el norte de África y fronterizo con Marruecos.
Entre el 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron desde territorio marroquí hacia Ceuta por tierra y mar. Las estimaciones posteriores han situado la magnitud de la entrada por sobre las 70.000 personas, aunque las cifras fueron variando a medida que las autoridades reconstruyeron los acontecimientos. El Parlamento Europeo ha señalado que el episodio habría involucrado a unas 80.000 personas y causado al menos 72 muertes.
El Gobierno español explicó posteriormente que durante los días anteriores ya se había registrado un incremento progresivo de los cruces a nado y que, en las horas previas al episodio masivo, comenzaron a circular intensamente en redes sociales mensajes que aseguraban falsamente que la frontera estaba abierta y que quienes alcanzaran Ceuta nadando no podrían ser devueltos a Marruecos.
La magnitud del episodio obligó a España a reforzar el dispositivo policial y militar y abrió una fuerte controversia política sobre el control fronterizo, la capacidad de acogida y la cooperación migratoria con Marruecos.
La situación continúa teniendo consecuencias. El Gobierno español analiza modificaciones para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo y las expulsiones de migrantes que permanecen en Ceuta, mientras la Unión Europea prepara nuevas medidas para reforzar sus fronteras exteriores y ampliar las capacidades de Frontex.
La Comisión Europea también ha planteado que lo ocurrido en Ceuta obliga a revisar los mecanismos de prevención y respuesta ante entradas masivas, incluyendo sistemas de alerta temprana, mayor cooperación con terceros países y medidas contra las redes dedicadas al tráfico de personas.
Es en ese contexto que Rubio incorporó el caso español al debate estadounidense sobre inmigración, una de las materias centrales de la agenda política de la administración de Donald Trump, defendiendo que los Estados mantengan capacidad efectiva para decidir quién ingresa a su territorio y bajo qué condiciones.
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