Una dura crítica al proyecto de “megarreforma tributaria” impulsado por el Gobierno realizó la Red de Centros de Pensamiento Progresista (RCCP), integrada por trece fundaciones y centros de estudios vinculados al mundo progresista y socialdemócrata, quienes advirtieron que la iniciativa podría provocar un deterioro fiscal severo, mayor desigualdad y un debilitamiento estructural de las finanzas públicas chilenas.
El documento, titulado “Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal”, fue elaborado por instituciones como Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, Horizonte Ciudadano, Fundación Socialdemócrata y La Casa Común, entre otras.
En el texto, la red sostiene que la propuesta del Gobierno descansa sobre “supuestos optimistas y poco realistas” respecto al crecimiento económico y la recaudación futura, mientras impulsa rebajas tributarias que —afirman— beneficiarían principalmente a los sectores de mayores ingresos y a grandes grupos empresariales.
“La propuesta fiscal del gobierno podría terminar generando exactamente lo contrario de lo que promete: menor crecimiento, menor empleo, mayor desigualdad, mayor endeudamiento y deterioro de la clasificación de riesgo del país”, señala el documento en sus conclusiones.
Críticas al núcleo tributario del proyecto
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) desde 27% a 23%, junto con la reintegración plena del sistema tributario, beneficios para la repatriación de capitales y rebajas en impuestos a donaciones y contribuciones.
Según la RCCP, estas medidas tendrían un costo fiscal superior a los US$4.000 millones y concentrarían sus beneficios en el segmento más rico de la población. Incluso, el informe afirma que las transferencias de recursos equivaldrían a cerca de $550 millones anuales para cada persona perteneciente al 0,01% más rico del país.
El texto agrega que el proyecto incorpora una cláusula de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones, mecanismo que califican como “sin precedentes” y que, a juicio de los autores, limitaría severamente la capacidad de acción de futuros gobiernos.
“Pretender abordarlos con un Estado mínimo y congelando los impuestos corporativos por un cuarto de siglo no resiste el menor análisis”, sostienen.
Advertencia sobre riesgo fiscal
El documento también recoge las observaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismos que habrían cuestionado las proyecciones de crecimiento y recaudación incluidas en el informe financiero del proyecto.
La red advierte que, aun bajo escenarios optimistas, los efectos positivos sobre las cuentas públicas recién aparecerían hacia 2035, mientras que las rebajas tributarias tendrían impacto inmediato sobre los ingresos fiscales.
Además, alertan que el Ejecutivo busca financiar parte importante de la reforma mediante recortes al gasto público cercanos a US$6.000 millones en 18 meses, lo que —afirman— podría afectar áreas sensibles como salud, educación, vivienda y pensiones.
“En el contexto actual de la economía chilena, recortar impuestos en las magnitudes que propone el gobierno es absolutamente insensato”, señala el informe.
Críticas al subsidio al empleo y eliminación de franquicia SENCE
La RCCP también cuestiona el crédito tributario a la planilla salarial contemplado en el megaproyecto, argumentando que no garantiza creación efectiva de nuevos empleos y que terminaría beneficiando principalmente a grandes empresas.
En reemplazo, proponen fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), focalizar los incentivos en PYMES, jóvenes y mujeres, además de mejorar las remuneraciones y la formalización laboral.
Asimismo, califican como “muy desacertada” la eliminación de la Franquicia Tributaria SENCE, argumentando que debilitaría los procesos de capacitación laboral en medio de la transición tecnológica y el avance de la inteligencia artificial.
Piden separar el proyecto y retirar la urgencia
En materia legislativa, la red plantea que el megaproyecto agrupa materias demasiado diversas y complejas en una sola tramitación. Por ello, proponen dividir la discusión en tres grandes bloques: reconstrucción física, medidas de empleo e inversión y reforma tributaria estructural.
También llaman al Gobierno a retirar la urgencia legislativa y abrir una mesa técnica transversal que permita construir acuerdos políticos y económicos de largo plazo.
“Chile no necesita una mega-reforma tributaria regresiva y desequilibrada; necesita una estrategia seria de desarrollo productivo, modernización económica y responsabilidad fiscal”, concluye el documento.
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