El ministro de Justicia, Fernando Rabat, acudió hasta la Comisión de Constitución del Senado, ocasión en la que explicó la demora en la entrega de los decretos que otorgaron rebajas de condena a abusadores de menores.
En la ocasión, el presidente de la Comisión, Vlado Mirosevic, recalcó que el secretario de Estado no fue invitado a participar de la instancia, debido a la “molestia de la mayoría de los miembros de esta comisión respecto de la demora en la entrega de los antecedentes, en particular el oficio que nosotros despachamos semanas atrás respecto de los decretos firmados”.
“Estamos tramitando proyectos donde necesitamos esa información y la razón, y quiero ser muy franco y directo, ministro, por la cual no lo invitamos, es precisamente eso: la molestia de la mayoría de la comisión respecto de la demora en la entrega de esa información”, sostuvo.
Sin embargo, Rabat defendió su presencia afirmando que cumplió con las obligaciones que le impone la Constitución en su labor como ministro de Justicia.
Respecto a la demora en la entrega de los antecedentes solicitados, indicó que “para responderle al Congreso Nacional tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información. Por lo tanto, se están recopilando los antecedentes que son de variada naturaleza”.
“Estamos con lo que se denominan datos sensibles en juego, lo que también nos obliga a ser especialmente cuidadosos”, agregó y evitó entregar una fecha para transparentar los documentos.
“Aquí hay un deber que no se está cumpliendo”
La demora generó nuevos cuestionamientos por parte de los integrantes de la Comisión. La senadora Paulina Vodanovic (PS), recordó que la solicitud fue aprobada por unanimidad y sostuvo que, a su juicio, supone de antecedentes relevantes “para poder legislar”.
“Aquí hay un deber desde el Ministerio de Justicia que no se está cumpliendo (…) Ojalá podamos apretar el botón, presidente, de aquí a mañana y que esta comisión sea tratada con el respeto que merece para poder mejor legislar”, manifestó.
Por su parte, la senadora, Claudia Pascual, también advirtió que legislar sin conocer los decretos podría llevar a modificar apresuradamente el sistema de beneficios penitenciarios.
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