El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los eventuales recortes que podría generar el proyecto de Presupuesto 2027 en materia de educación, advirtiendo sobre posibles desvinculaciones de profesores y señalando que el Gobierno prepara una revisión más detallada de los beneficiarios de gratuidad universitaria.
En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado se refirió a la disminución de 3,6% en las horas docentes y sus posibles efectos en el empleo, particularmente en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Según explicó Quiroz, la disminución de estudiantes en el sistema escolar producto de la baja en la natalidad “va generando la necesidad bastante obvia de lograr mayores eficiencias”, lo que podría implicar concentrar establecimientos donde actualmente se imparte educación en distintos lugares.
“Probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no entregar el beneficio social. El beneficio es el derecho a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”, sostuvo.
En esa línea, agregó: “El derecho a ser proveído de salud por parte de los chilenos no es lo mismo que haya el derecho a contratar gente en el Ministerio de Salud. Es como el Ministerio de Agricultura, no el Ministerio de los Agricultores, son cosas distintas. Es el Ministerio de Educación, no del Profesor”.
El titular de Hacienda aseguró que existe “el máximo respeto” por quienes trabajan en el sector, aunque recalcó que la prioridad del Ejecutivo es garantizar los derechos sociales establecidos por ley “con la máxima responsabilidad fiscal”.
Gratuidad universitaria
Durante la entrevista, Quiroz también confirmó que el Gobierno prepara un reforzamiento de los mecanismos de detección de eventuales irregularidades en la gratuidad universitaria.
El ministro recordó que el beneficio está dirigido al 60% más vulnerable de la población, aunque planteó que existirían cambios en la composición de los beneficiarios que requieren una revisión. “Aparentemente hay mucha gente que desapareció del séptimo percentil, hay mucha gente que entró (al sexto)”, señaló.
Asimismo, afirmó que existiría una desproporción en la cantidad de beneficiarios que declaran vivir sin sus padres, cifrando en 80.000 las personas que señalan vivir solas. “A nosotros nos parece que por lo menos es sospechoso, y hay que mirarlo”, sostuvo.
Quiroz agregó que algunos beneficiarios podrían no declarar que viven con sus padres y, en cambio, registrar a otro familiar con menores ingresos para evitar considerar el ingreso del grupo familiar. “Hay otros, u otras, que a lo mejor no declaran que viven con sus padres, se buscan un pariente a lo mejor menos afortunado para no revelar el ingreso familiar”, afirmó.
El ministro explicó que actualmente la legislación no permite realizar determinados cruces de información, aunque aseguró que existen antecedentes a nivel agregado que justifican revisar el funcionamiento del beneficio.
“Esto no es una caza de brujas, no es un big bang, pero es un mejoramiento continuo. Las personas que califican, que tienen la real necesidad, que estén tranquilas, ese beneficio va a seguir siendo entregado porque nos lo obliga la ley”, sostuvo.
“Pero las personas, que existen en Chile, el ‘chileno vivo’, lo conocemos, es parte de nuestra cultura, la ‘viveza del chileno’, esa viveza la vamos a ir chequeando, controlando y eventualmente eliminando”, zanjó.
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