El Juzgado de Garantía de Illapel decretó este viernes la prisión preventiva de cuatro gendarmes y un civil, imputados por el Ministerio Público por su presunta participación en una red criminal que operaba desde el Centro de Detención Preventiva de la comuna.
La causa involucra delitos de asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales, hechos que, según Fiscalía, se habrían cometido desde 2021 en Illapel y también en las regiones Metropolitana y del Biobío.
La medida cautelar fue ordenada por la jueza Andrea Rojas Cortés, quien estimó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
“Aquí nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado”, sostuvo la magistrada durante la audiencia.
Según el ente persecutor, la organización estaba integrada por funcionarios de Gendarmería, civiles e internos del penal, y tenía como objetivo adquirir, trasladar e ingresar drogas, teléfonos celulares, chips y otros elementos prohibidos al recinto, a cambio de dinero.
Otros imputados
El tribunal también decretó prisión preventiva para dos mujeres imputadas por tráfico ilícito de drogas, aunque en esta etapa desestimó su participación en el delito de asociación criminal.
En el caso de un quinto gendarme, la jueza descartó por ahora su participación en asociación criminal y tráfico de drogas, y solo dio por acreditados antecedentes por cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos al penal. Por ello, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse o acercarse a los demás imputados.
Respecto de otros tres involucrados, el tribunal ordenó arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de contacto con los coimputados. Además, otros cinco imputados quedaron con cautelares de menor intensidad, por acuerdo entre las partes.
De acuerdo con Fiscalía, las actividades ilícitas habrían permitido a la organización obtener ganancias superiores a los $223 millones, recursos que habrían sido movidos mediante cuentas bancarias y utilizados para adquirir bienes con el objetivo de ocultar su origen.
El Juzgado de Garantía de Illapel fijó un plazo de investigación de 120 días para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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