El Gobierno de Perú decretó este miércoles estado de emergencia durante 60 días en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, en la región amazónica de Loreto, ante el avance de la minería ilegal, el crimen organizado y otras situaciones de violencia.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto Supremo Nº 136-2026-PCM y contempla que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno, contando para sus operaciones con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida se adoptó después de que la Policía entregara antecedentes sobre la presencia y actividad de organizaciones vinculadas con la minería ilegal, delitos conexos, delincuencia común y crimen organizado en la zona.
De acuerdo con los antecedentes considerados por el Ejecutivo, la Comandancia General de la Policía solicitó formalmente el estado de emergencia el pasado 16 de septiembre, apoyándose en informes elaborados por la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y la Región Policial de Loreto.
Restricción de derechos durante 60 días
Durante la vigencia del estado de emergencia podrán restringirse o suspenderse derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Las autoridades también podrán realizar controles de identidad, búsqueda de personas requeridas por la justicia, fiscalizaciones vehiculares y operativos destinados al decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales.
Asimismo, se contemplan intervenciones contra insumos químicos fiscalizados y controles migratorios destinados a verificar la identidad y situación de ciudadanos extranjeros.
Los eventos públicos masivos deberán contar con autorización previa de las autoridades, mientras que las actividades de menor escala podrán desarrollarse sin este requisito.
La Policía deberá entregar al Ministerio del Interior, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, un informe con los resultados de las operaciones y recomendaciones para las instituciones del Estado.
Minería ilegal y control territorial
Alto Nanay se encuentra en la provincia de Maynas, en el extenso departamento amazónico de Loreto. La minería ilegal se ha transformado en uno de los problemas de seguridad y ambientales que enfrentan distintas zonas de la Amazonía peruana, donde la dificultad para ejercer control territorial facilita la actividad de redes criminales.
El decreto establece que las áreas específicas de intervención serán determinadas por la Policía a partir de información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito.
La incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo busca aumentar la capacidad operativa del Estado en un territorio de difícil acceso y donde las actividades ilegales pueden combinarse con otros delitos asociados al crimen organizado.
Perú amplía estados de emergencia en distintas regiones
La decisión sobre Alto Nanay forma parte de un escenario más amplio de utilización de estados de emergencia para enfrentar problemas de seguridad en Perú.
En paralelo, el Ejecutivo prorrogó por otros 60 días el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en la frontera norte con Ecuador, también para enfrentar la criminalidad y situaciones de violencia. En esas zonas, la Policía mantiene el control interno con respaldo de las Fuerzas Armadas.
También se extendió desde este 23 de septiembre la medida excepcional en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en la región de La Libertad, una de las áreas que ha enfrentado problemas relacionados con organizaciones criminales y violencia.
A ello se suma la prórroga del estado de emergencia en distritos y centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, además de sectores del VRAEM y corredores vinculados al sistema de transporte del gas de Camisea. En este caso, las medidas están relacionadas con la presencia de remanentes de Sendero Luminoso, narcotráfico y otras amenazas conexas.
La sucesión de medidas extraordinarias refleja la estrategia del Gobierno peruano de recurrir al despliegue conjunto de fuerzas policiales y militares para recuperar el control territorial en zonas afectadas por distintas expresiones del crimen organizado.
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