La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan una serie de posibles ciberataques contra empresas chilenas que habrían sido ejecutados por un grupo vinculado a China.
La investigación se originó a partir de antecedentes entregados por Estados Unidos al Gobierno chileno, los que posteriormente fueron derivados a la PDI para determinar si existieron accesos no autorizados a sistemas informáticos nacionales.
Entre las compañías mencionadas en los antecedentes figuran Entel, Movistar, Telmex y Brotec Construcción.
El caso aparece relacionado con una de las aristas de la controversia en torno al denominado “cable chino”, en medio de advertencias previas sobre eventuales riesgos para infraestructura de telecomunicaciones y datos sensibles.
Apuntan a “Lilac Typhoon”
Los antecedentes identifican al grupo “Lilac Typhoon”, nombre utilizado por Microsoft para referirse a un actor de ciberamenazas asociado a China.
Según la información incluida en la denuncia, esta organización operaría mediante una red de dispositivos previamente comprometidos que sería utilizada para ocultar el origen de sus operaciones.
El reporte sostiene que los eventuales accesos relacionados con Movistar se remontarían a septiembre de 2024, mientras que en el caso de Entel habrían continuado hasta abril de 2025.
Para concretar las infiltraciones se habrían utilizado distintos programas maliciosos destinados a acceder a equipos y transferir información.
Fiscalía investiga posible sabotaje informático
Con estos antecedentes, la Fiscalía instruyó a la PDI realizar diligencias destinadas a establecer el origen de los accesos, identificar a los responsables, reconstruir la forma en que se habrían ejecutado las operaciones y levantar evidencia digital.
La orden investigativa contempla además la trazabilidad y eventual recuperación de activos o datos que pudieran haber sido comprometidos.
La causa está siendo indagada como un posible delito de sabotaje informático.
Uno de los principales focos de la investigación será determinar si efectivamente existió una vulneración de los sistemas de telecomunicaciones y, en caso afirmativo, qué información pudo haber sido accedida o extraída.
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