Organizaciones políticas y sociales expresaron su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de otorgar la libertad al exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), César Manríquez, condenado por graves violaciones a los derechos humanos.
Manríquez, uno de los altos mandos durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue responsabilizado por el secuestro calificado de 16 víctimas en el marco de la denominada Operación Colombo. Además, se le vincula a decenas de casos de desaparición forzada, torturas y homicidios.
La resolución fue adoptada esta semana por la Segunda Sala del máximo tribunal en un fallo dividido, que determinó la liberación del exrepresor, de 95 años, argumentando una presunta enajenación mental.
Desde el Partido Socialista calificaron la decisión como “especialmente grave”, cuestionando que se haya tomado sin alegatos en sala ni la participación de las partes querellantes, las víctimas o sus familias.
“Esto debilita la confianza ciudadana en la justicia y proyecta una preocupante señal de impunidad”, señaló la colectividad en una declaración pública.
El partido subrayó que Manríquez “no es un condenado cualquiera”, recordando su rol en centros de detención y tortura de la DINA, organismo al que responsabilizan de sembrar el terror durante la dictadura.
En la misma línea, abogados querellantes advirtieron que los informes psiquiátricos utilizados para sustentar la medida no cumplirían con estándares internacionales para acreditar una enajenación mental en personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
“Las víctimas y sus familias merecen justicia, no privilegios para quienes cometieron crímenes de esta gravedad”, agregaron desde el PS.
Por su parte, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) alertó que este tipo de resoluciones podría extenderse a otros condenados, mencionando los casos de Héctor Osses y Jorge Mandiola, también vinculados a violaciones de derechos humanos.
A la controversia se sumó una instrucción de la jefatura del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que —según se informó— habría ordenado a los abogados querellantes no apelar decisiones judiciales favorables a condenados por razones de salud mental o médicas.
La Asociación de Funcionarios del Programa de Derechos Humanos calificó esta directriz como “ilegal y arbitraria”, advirtiendo que en la práctica podría configurar un sistema de “indultos pasivos” en favor de responsables de crímenes de lesa humanidad.
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