
Banco Estado salió a abordar el caso de una ejecutiva vinculada a la institución, imputada en el marco de la denominada “Operación Tokio” por su presunto vínculo con el lavado de activos del Tren de Aragua.
Así, confirmaron que el pasado viernes 5 de junio fueron notificados de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en el marco de la cual se solicitó el congelamiento y levantamiento del secreto bancario de diversas cuentas, correspondientes al período entre mayo de 2025 y la fecha del último movimiento registrado. La entidad aseguró que esta diligencia fue ejecutada de manera inmediata.
Según detalló la institución, en la investigación aparece involucrada una “trabajadora externa” que prestaba servicios a través de un proveedor, quien fue formalizada durante el fin de semana. La persona desempeñaba funciones de apoyo entre enero de 2023 y junio de 2026.
Tras conocerse los antecedentes, el banco procedió al bloqueo total de sus credenciales y accesos a los sistemas internos, con el objetivo de impedir cualquier tipo de operación adicional. Asimismo, la entidad señaló que se encuentra colaborando de manera activa con el Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida para el avance de las diligencias.
Desde el banco calificaron los hechos como de “la mayor gravedad”, subrayando que los estándares de probidad exigidos son los mismos tanto para su personal interno como para trabajadores externos. En esa línea, indicaron que la situación está siendo abordada con urgencia, considerando la confianza que millones de clientes depositan en la institución.
En paralelo, Banco Estado anunció la apertura de una auditoría interna exhaustiva para revisar los procesos involucrados, identificar posibles mejoras y determinar eventuales responsabilidades adicionales. La entidad no descartó emprender acciones legales si corresponde.
Finalmente, el banco enmarcó estas medidas dentro de su compromiso con la transparencia y su contribución al Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, orientado a enfrentar delitos de alta connotación social y el crimen organizado. La institución aseguró que continuará informando sobre los avances del caso en la medida que lo permita el proceso judicial.
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