La relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que las operaciones de retirada, trituración y traslado de escombros en la Franja de Gaza no pueden realizarse de una forma que implique la destrucción de potenciales pruebas de crímenes internacionales cometidos durante la ofensiva israelí iniciada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Albanese sostuvo que los millones de toneladas de materiales acumulados entre las ciudades devastadas del enclave palestino no constituyen únicamente residuos de construcción, sino que contienen restos humanos y evidencias físicas que podrían ser relevantes para investigaciones internacionales.
Las autoridades de Gaza estiman que más de 10.000 cuerpos permanecen todavía bajo los escombros de edificios destruidos durante los bombardeos.
“La retirada, trituración y reubicación de escombros en marcha en Gaza no debe destruir pruebas de crímenes internacionales ni impedir la recuperación e identificación de restos humanos”, afirmó la relatora.
Según Albanese, las implicancias de estas operaciones son especialmente relevantes ante las investigaciones y procedimientos abiertos sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario durante la guerra.
“Una escena de crimen y un cementerio”
La experta de Naciones Unidas sostuvo que, después de dos años de operaciones militares de enorme intensidad, los escombros se han convertido también en un registro físico de lo ocurrido.
“En la devastada Gaza, los escombros no son solo desechos de construcción. Son parte de la escena de un crimen, un cementerio y el testimonio material de lo sucedido durante una brutal e insensata campaña de bombardeos que duró dos años”, señaló.
Como ejemplo, recordó que el pasado 4 de agosto fueron enterrados más de 110 palestinos cuyos restos habían sido recuperados de un edificio de Ciudad de Gaza destruido en noviembre de 2023.
Albanese planteó que antes de trasladar o triturar materiales resulta indispensable recuperar e identificar dignamente los restos humanos, documentar los lugares donde fueron encontrados y preservar todos aquellos elementos que eventualmente puedan incorporarse a una investigación judicial.
También reclamó la existencia de una cadena de custodia de las pruebas y la participación de investigadores internacionales independientes.
Advertencia a gobiernos y empresas
La relatora advirtió además que la eventual destrucción deliberada de evidencias podría generar responsabilidades para quienes participen en esas operaciones.
Según Albanese, tanto los Estados como las empresas involucradas en la eliminación de escombros deberían considerar que la destrucción de pruebas vinculadas a posibles crímenes internacionales puede tener consecuencias jurídicas.
La advertencia adquiere especial relevancia considerando la magnitud de la reconstrucción que enfrenta Gaza.
Estimaciones citadas por Naciones Unidas indican que al menos el 92% de las viviendas de la Franja han resultado destruidas o dañadas, además de escuelas, hospitales, carreteras, redes eléctricas, instalaciones sanitarias y otras infraestructuras civiles.
El tratamiento de los escombros se ha convertido así en uno de los principales desafíos de la reconstrucción del enclave.
El frente judicial internacional
Las declaraciones de Albanese se producen en medio de diversos procedimientos internacionales relacionados con la guerra de Gaza y la ocupación de los territorios palestinos.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó, mediante una opinión consultiva, que la continuidad de la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal y sostuvo que las políticas de anexión, asentamientos y control permanente vulneran, entre otros principios, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
En paralelo, continúan los procedimientos judiciales internacionales relacionados con las acciones militares desarrolladas desde octubre de 2023. Las acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad han abierto una disputa jurídica y diplomática que continúa teniendo repercusiones en Medio Oriente y en las relaciones de Israel con distintos gobiernos.
Israel ha rechazado reiteradamente las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones militares han tenido como objetivo desmantelar a Hamás, organización responsable del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas.
Gaza tras el alto el fuego
La discusión sobre los escombros también forma parte del complejo escenario abierto después del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para avanzar en la aplicación de una propuesta estadounidense para Gaza y establecer un alto el fuego.
Pese a ese entendimiento, las operaciones militares y episodios de violencia no han desaparecido completamente. Las fuerzas israelíes mantienen control sobre determinadas zonas del enclave y han continuado desarrollando acciones militares y demoliciones en sectores bajo su dominio.
Albanese sostuvo que aproximadamente el 70% de Gaza permanece sometido a restricciones de acceso vinculadas al despliegue israelí y cuestionó que las labores de demolición y movimiento de materiales puedan realizarse sin mecanismos de supervisión internacional.
Para la relatora, cualquier programa de limpieza y reconstrucción debería ser diseñado con participación palestina y contar con el respaldo de organismos considerados confiables por la población local.
“Es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas”, afirmó.
El planteamiento agrega una nueva dimensión al gigantesco desafío de reconstruir Gaza: además de retirar millones de toneladas de ruinas y recuperar infraestructura básica, las autoridades y organismos internacionales deberán determinar qué materiales constituyen potenciales evidencias y cómo preservarlos para futuras investigaciones sobre uno de los conflictos más devastadores de las últimas décadas en Medio Oriente.
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