El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió este miércoles que la nueva reforma constitucional impulsada en Nicaragua profundiza el cierre de los espacios democráticos y transforma la Carta Fundamental en un mecanismo para marginar a sectores críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ramdin cuestionó especialmente que la normativa impida ejercer cargos públicos a quienes sean calificados como “traidores a la patria”, una categoría utilizada por las autoridades nicaragüenses contra opositores y críticos.
“La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos”, afirmó el jefe de la OEA.
A su juicio, resulta especialmente preocupante que la Constitución pueda ser utilizada para excluir de la actividad política a personas calificadas de manera arbitraria como enemigas del Estado. También sostuvo que las modificaciones contradicen los principios de democracia representativa, pluralismo político y respeto de los derechos humanos establecidos en el sistema interamericano.
Reforma amplía mandato y restringe candidaturas
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución que establece que las personas consideradas “traidores a la patria” o vinculadas con supuestos intentos de golpe de Estado no podrán presentarse como candidatos ni ejercer cargos públicos.
La modificación también amplía de seis a siete años el período de la denominada copresidencia encabezada por Ortega y Murillo. Para entrar plenamente en vigor, el texto deberá ser aprobado nuevamente durante la siguiente legislatura, en 2027.
La reforma establece además restricciones para quienes hayan promovido sanciones internacionales, solicitado intervención extranjera, recibido financiamiento desde el exterior o realizado acciones que las autoridades consideren contrarias a la soberanía y seguridad nacional. Las prohibiciones también alcanzan a la conducción de partidos políticos.
El Consejo Supremo Electoral, en tanto, verá reforzadas sus atribuciones para otorgar o cancelar la personalidad jurídica de partidos y aplicar sanciones a candidatos y dirigentes políticos.
Un proceso iniciado con reformas anteriores
La controversia se suma a las profundas modificaciones constitucionales aprobadas durante 2025, cuando fueron reformados más de un centenar de artículos y se institucionalizó la figura de la copresidencia de Ortega y Murillo.
Aquellos cambios también incrementaron el control del Ejecutivo sobre otras instituciones del Estado y fueron cuestionados internacionalmente por debilitar la separación de poderes y las posibilidades de alternancia política. (OEA)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en agosto que la nueva reforma buscaba consolidar la permanencia del actual gobierno, restringir la competencia electoral y convertir en norma constitucional las limitaciones aplicadas contra personas consideradas “golpistas” o “traidoras a la patria”.
La crisis política nicaragüense se arrastra desde las protestas de 2018 y durante los últimos años ha estado marcada por encarcelamientos, cierre de organizaciones civiles, restricciones a medios de comunicación, desnacionalización de opositores y la salida al exilio de numerosos críticos del gobierno.
La nueva reforma vuelve así a colocar a Nicaragua en el centro de las tensiones regionales sobre democracia y derechos humanos, mientras aumenta la presión internacional sobre Ortega y Murillo para restablecer garantías de participación política y elecciones competitivas.
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