
— Por Diego Cabanillas
Un nuevo foco de tensión se abrió al interior del Gobierno de José Antonio Kast. En medio de los cuestionamientos por la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte y del cruce entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, ahora las diferencias se trasladaron al debate sobre la reforma constitucional en materia de seguridad.
El nuevo episodio surgió luego de que la ministra de Salud, May Chomali, expresara reparos al borrador de la iniciativa, particularmente respecto de la norma que busca restringir determinadas prestaciones y beneficios estatales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y el terrorismo.
En conversación con CNN, la titular del Minsal advirtió que la propuesta podría entrar en tensión con las normas que garantizan el acceso a la salud. “Puede ser un poco incompatible. Podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”, señaló.
Chomali agregó que el contenido de la reforma aún debe ser analizado dentro del gabinete antes de fijar una posición definitiva. “Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y vamos a conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud”, sostuvo.
Los reparos desde el mundo de la salud
Las dudas planteadas por la ministra también fueron respaldadas por sus antecesores en el cargo, Jaime Mañalich y Enrique Paris.
Mañalich advirtió que excluir determinadas prestaciones podría generar consecuencias que trasciendan a la persona condenada, mientras que Paris apuntó a la necesidad de establecer límites claros en la aplicación de la medida.
El exministro sostuvo que “no sería aceptable” que una persona en estado crítico quedara sin atención médica producto de la aplicación de la norma.
Arrau responde: “La ministra desconoce el proyecto”
La respuesta desde el Ejecutivo no tardó en llegar. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó directamente los dichos de Chomali y aseguró que la secretaria de Estado no conoce el contenido definitivo de la propuesta.
“La ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional; es un proyecto que todavía no ha sido público. Así que yo creo que está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto”, afirmó en conversación con Radio Infinita.
Arrau defendió, además, el principio detrás de la medida y enfatizó que no se aplicaría a cualquier persona condenada por un delito, sino exclusivamente a quienes hayan sido sentenciados por crimen organizado y terrorismo.
Según explicó, la iniciativa busca establecer “limitaciones a los beneficios sociales pagados” con recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía. “Cada vez que compran un kilo de pan, pagan un 19% de IVA y ese IVA va a financiar beneficios sociales”, sostuvo el ministro.
“Creemos que no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiarle beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo”, argumentó.
Un nuevo flanco para La Moneda
El intercambio entre ambos ministros se produce antes de que la reforma constitucional sea ingresada formalmente al Congreso. El texto corresponde todavía a un borrador y sus alcances no han sido presentados públicamente en su versión definitiva.
Sin embargo, la discusión ya abrió un nuevo flanco dentro del Ejecutivo, en una semana marcada por diferencias entre distintas carteras y llamados desde el propio oficialismo a reforzar la coordinación interna.
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