Luego de una jornada marcada por recriminaciones al interior del oficialismo, el Gobierno salió a contener las tensiones generadas tras los cuestionamientos del presidente de Republicanos, senador Arturo Squella, al rol del Ejecutivo en la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó su cargo tras un resultado positivo en un test de drogas.
El primero en abordar la controversia fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, principal aludido por las críticas, quien defendió el actuar de la autoridad, asegurando que se ajustó estrictamente a la normativa vigente. “Solo hemos hecho aquello que nos permite y nos obliga la Contraloría, además de lo establecido en un contrato suscrito en el contexto de una licitación”, señaló en entrevista con Radio Infinita.
Pavez detalló que, ante dudas sobre el examen, se solicitó al propio Rodríguez que se contactara con el laboratorio Corthorn Health para obtener mayor información, ya que los antecedentes no llegaban en detalle a la subsecretaría, conforme a lo estipulado en el contrato. “Toda la información que recibí la reenvié al subsecretario de Hacienda. Si esos antecedentes satisfacen o no la pretensión de información, no me corresponde juzgarlo”, explicó.
Asimismo, precisó que, en caso de discrepancias con los resultados, los funcionarios pueden solicitar una contramuestra, la que debe realizarse en el mismo laboratorio.
Consultado por los exámenes posteriores de Rodríguez —que arrojaron resultados negativos—, Pavez evitó pronunciarse, al igual que sobre los dichos de Squella. “No me corresponde polemizar, y no lo voy a hacer, con el senador Squella (…) la polémica creo que hay que darla por superada”, afirmó.
En la misma línea, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, buscó descomprimir el conflicto, revelando que sostuvo una conversación con el timonel republicano. “La diferencia de apreciación respecto a este caso la conversamos y es un tema superado. Doy vuelta a la página”, indicó en 13C.
El secretario de Estado recalcó que, en el contexto en que se adoptó la decisión, esta fue considerada adecuada por el entorno oficialista. “Nadie cercano al Gobierno ha señalado que haya sido equivocada; en ese escenario fue una decisión prudente”, sostuvo.
No obstante, reconoció que el desarrollo posterior del caso ha abierto un debate público que ha generado distintas posiciones, aunque enfatizó que el Ejecutivo no es parte de esa controversia.
Finalmente, Alvarado ratificó la salida de Rodríguez, calificándola como una medida “políticamente necesaria”, en medio de un intento del Gobierno por cerrar el episodio y retomar la agenda.
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