
El mandatario sostuvo que las detenciones representan un obstáculo para avanzar hacia un modelo de reclutamiento sin coerción, defendiendo al mismo tiempo la necesidad de preservar las tradiciones religiosas y el estudio de la Torá.
Según sus declaraciones, los arrestos constituyen un intento deliberado de perjudicar el proceso destinado a conseguir que los ultraortodoxos se incorporen voluntariamente al Ejército.
No obstante, Netanyahu estableció una distinción entre quienes dedican su jornada completa al estudio religioso y aquellos que no cumplen esa condición.
«Aquellos que no estén estudiando en una yeshivá a tiempo completo deben alistarse», afirmó, en referencia a las instituciones educativas dedicadas al estudio de los textos sagrados del judaísmo.
Una legislación que divide a Israel
El jefe del Gobierno israelí aseguró que su coalición estuvo cerca de aprobar una legislación destinada a regular el reclutamiento de los ultraortodoxos, pero que la iniciativa fracasó por un solo voto.
Netanyahu expresó su esperanza de que una normativa similar pueda aprobarse durante el próximo año, con el objetivo de establecer un acuerdo duradero entre la comunidad haredí y la población secular israelí.
El proyecto buscaba incrementar progresivamente la incorporación de ultraortodoxos al Ejército, manteniendo excepciones para los estudiantes religiosos a tiempo completo.
Sin embargo, la propuesta generó fuertes cuestionamientos de sectores que consideran injustificado que una parte de la población pueda quedar eximida de obligaciones militares que recaen sobre otros ciudadanos.
La controversia también ha complicado las relaciones entre Netanyahu y los partidos religiosos, cuyo respaldo ha sido determinante para la estabilidad de sus coaliciones parlamentarias.
El fallo judicial que cambió las reglas
La disputa tiene un antecedente fundamental en junio de 2024, cuando el Tribunal Supremo de Israel determinó que el Estado no podía continuar eximiendo de manera general a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar sin una base legal que autorizara ese trato diferenciado.
La resolución también estableció consecuencias para el financiamiento público de instituciones religiosas cuyos estudiantes no cumplieran los requisitos legales correspondientes.
Durante décadas, numerosos hombres haredíes habían obtenido aplazamientos del servicio militar por dedicarse al estudio de la Torá, una práctica originada en los primeros años de existencia del Estado de Israel.
Con el crecimiento demográfico de esta comunidad, el sistema de exenciones pasó de beneficiar a un grupo relativamente reducido a convertirse en uno de los asuntos más controvertidos de la política israelí.
El debate adquirió todavía mayor relevancia después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de las posteriores operaciones militares israelíes en Gaza y otros frentes de Medio Oriente.
La prolongación de las operaciones, las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas y la movilización de reservistas intensificaron las exigencias de distribuir de manera más equitativa las obligaciones militares.
Los ultraortodoxos, pieza clave de la política israelí
Los judíos ultraortodoxos representan aproximadamente entre el 13% y el 14% de la población israelí y constituyen uno de los grupos demográficos de mayor crecimiento del país.
Su influencia política se expresa principalmente a través de partidos religiosos que han participado en sucesivos gobiernos y que consideran el estudio de la Torá una contribución esencial a la identidad y continuidad del Estado judío.
Para estas organizaciones, obligar a los estudiantes de las yeshivás a incorporarse al Ejército constituye una amenaza a su forma de vida y a la autonomía de sus instituciones educativas.
En contraste, sectores seculares, organizaciones de reservistas y movimientos ciudadanos sostienen que las exenciones generalizadas vulneran el principio de igualdad ante la ley.
La discusión no se limita a cuestiones religiosas. También involucra la distribución del gasto público, la participación de los ultraortodoxos en el mercado laboral y la capacidad de las Fuerzas Armadas para cubrir sus necesidades de personal.
Las elecciones aumentan la presión sobre Netanyahu
La controversia se produce en un escenario político especialmente delicado, marcado por las elecciones legislativas previstas para finales de octubre y las negociaciones sobre la eventual formación de un nuevo Gobierno.
Los partidos ultraortodoxos han advertido que podrían condicionar su participación en una futura coalición a la aprobación de una legislación que proteja las exenciones para los estudiantes religiosos.
Netanyahu, por su parte, ha intentado equilibrar las exigencias de sus aliados con la creciente presión de sectores que reclaman ampliar el reclutamiento.
El primer ministro reconoció que existe dentro de la propia comunidad haredí una mayor comprensión sobre la necesidad de compartir las obligaciones militares.
Sin embargo, insistió en que cualquier solución debe alcanzarse mediante acuerdos políticos y cooperación, en lugar de recurrir a detenciones.
La controversia anticipa uno de los principales desafíos para el próximo Gobierno israelí: conciliar las exigencias de seguridad nacional, la igualdad de obligaciones entre ciudadanos y las demandas religiosas de una comunidad cuyo peso demográfico y político continúa aumentando.
Nuevas sanciones judiciales durante 2026
La disputa sumó otro antecedente relevante el 26 de abril de 2026, cuando el Tribunal Supremo israelí resolvió avanzar en la aplicación de sanciones individuales contra hombres ultraortodoxos que incumplieran sus obligaciones de reclutamiento.
La decisión reforzó el fallo de 2024 y aumentó la presión sobre el Gobierno para garantizar que las disposiciones legales se apliquen también a los estudiantes religiosos sin una exención válida.
Además, aunque el primer ministro afirmó que una ley de reclutamiento estuvo a punto de aprobarse por un solo voto, no se ha podido corroborar un episodio parlamentario específico que confirme esa afirmación.
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