El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles que impulsará dos proyectos de ley destinados a sancionar a quienes, según su definición, “difamen” a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incluyendo la posibilidad de retirarles la ciudadanía israelí.
La primera iniciativa incorporaría la revocación de la ciudadanía como posible sanción, mientras que la segunda elevaría hasta 20 veces las indemnizaciones que podrían imponerse en demandas por difamación contra el Ejército.
“Su lugar no está con nosotros”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en redes sociales, en el que además sostuvo que espera que las fuerzas de la Kneset que se identifican con el sionismo respalden ambas propuestas.
El anuncio se produce en medio de una fuerte controversia política y cultural en Israel por el documental NAZA, dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor y galardonado con el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
La película, de unos 80 minutos, fue elaborada a partir de entrevistas realizadas durante tres años a 24 integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de los servicios de Inteligencia israelíes. Sus testimonios describen procedimientos utilizados para seleccionar objetivos durante la ofensiva sobre la Franja de Gaza, incluido el empleo de sistemas de inteligencia artificial, y plantean acusaciones sobre el elevado número de víctimas civiles aceptado en determinadas operaciones.
El documental que desató la polémica
NAZA tuvo su estreno internacional en Venecia, donde recibió una prolongada ovación y posteriormente obtuvo el Premio Especial del Jurado. El reconocimiento internacional contrastó con la dura reacción que generó dentro de Israel.
El filme aborda la ofensiva israelí en Gaza iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y se concentra particularmente en los mecanismos de inteligencia, vigilancia y selección de blancos utilizados por las fuerzas israelíes.
Sus realizadores sostienen que los testimonios recogidos permiten reconstruir un sistema en el que el posible número de víctimas civiles era considerado dentro de los cálculos previos a determinados ataques.
El Ejército israelí ha rechazado esa interpretación y sostiene que la película distorsiona sus procedimientos operacionales y jurídicos. Las FDI han señalado además que necesitaban acceder a la película completa para responder detalladamente a sus acusaciones.
Netanyahu incluyó expresamente a los responsables de NAZA entre los ejemplos que motivaron su iniciativa legislativa. También mencionó al dirigente opositor Yair Golan, quien en mayo de 2025 afirmó que “un país cuerdo no mata niños como pasatiempo”, declaraciones que posteriormente matizó y por las que expresó arrepentimiento.
Ejército analiza acciones legales
La controversia había escalado antes del anuncio de Netanyahu. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ordenó al máximo responsable jurídico militar examinar eventuales acciones legales relacionadas con NAZA y abrió además una revisión sobre la posible filtración de material clasificado utilizado para realizar el documental.
Sin embargo, hasta este miércoles no se había iniciado una investigación penal contra los responsables de la película. Funcionarios militares señalaron que todavía debían ver íntegramente el documental e identificar a los soldados que participaron en él antes de determinar eventuales pasos posteriores.
El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, había ido todavía más lejos. Tras conocerse el premio obtenido en Venecia, calificó la actuación de Abraham y Szor como una “traición” y anunció que buscaría retirarles la ciudadanía israelí. Posteriormente pidió al servicio de seguridad interior Shin Bet investigar cómo los cineastas obtuvieron determinados materiales utilizados en la producción.
La ciudadanía entra al centro del debate
La propuesta de Netanyahu abre ahora una discusión que trasciende al documental y alcanza los límites entre seguridad nacional, libertad de expresión y ciudadanía.
La legislación israelí ya contempla circunstancias excepcionales bajo las cuales puede producirse la pérdida de ciudadanía por actos considerados de deslealtad grave, particularmente en casos vinculados al terrorismo o traición. Sin embargo, extender esa posibilidad a conductas calificadas como difamatorias contra las Fuerzas Armadas supondría un nuevo terreno legislativo que deberá ser definido por el texto concreto de los proyectos y discutido en la Kneset.
Por ahora, Netanyahu no ha detallado qué criterios jurídicos determinarían cuándo una crítica, investigación periodística, producción audiovisual o declaración pública pasa a constituir una “difamación” susceptible de provocar la pérdida de ciudadanía.
La controversia ocurre además mientras la actuación militar de Israel en Gaza continúa siendo objeto de investigaciones, litigios y fuertes cuestionamientos internacionales, y mientras el gobierno israelí sostiene que sus operaciones en el enclave palestino forman parte de la guerra iniciada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
En ese escenario, NAZA ha trasladado parte de esa discusión al interior de Israel: sus realizadores defienden la veracidad de los testimonios recopilados y han planteado la necesidad de que la sociedad israelí conozca lo ocurrido durante la guerra, mientras las autoridades militares y miembros del gobierno cuestionan las conclusiones del documental y sostienen que presenta una imagen falsa o distorsionada de las FDI.
El anuncio de Netanyahu convierte ahora esa disputa cultural y política en una potencial batalla legislativa, cuyo alcance dependerá de la redacción definitiva de los proyectos y del respaldo que logren reunir en el Parlamento israelí.
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