La Mesa de Reactivación Laboral entregó este martes su informe final al ministro del Trabajo, Tomás Rau, documento que contiene 22 propuestas orientadas a dinamizar el mercado laboral, con énfasis en mayor adaptabilidad, reducción de costos de contratación y fortalecimiento de la institucionalidad.
Las iniciativas fueron agrupadas en cinco grandes áreas:
- Empleo femenino y sistema de cuidados
- Subsidios al empleo, jóvenes e informalidad
- Capacitación laboral
- Regulación laboral con impacto en el empleo
- Información del mercado laboral.
Asimismo, el informe identifica una serie de rigideces estructurales que, a juicio de la instancia, estarían afectando la creación de empleo formal. Entre ellas, destaca el alto costo de despido en Chile, donde la indemnización por años de servicio puede alcanzar hasta 10 meses de remuneración para trabajadores con una década de antigüedad, muy por sobre el promedio de la OECD, situado en 3,2 salarios.
Cambios al sistema de indemnización y despidos
Uno de los ejes centrales del informe es la propuesta de reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio por un sistema de indemnización “a todo evento”, financiado mediante cotizaciones al seguro de cesantía. La medida comenzaría aplicándose a nuevos contratos, manteniendo los derechos adquiridos para trabajadores actuales.
Asimismo, se plantea fortalecer la causal de “necesidades de la empresa”, ampliando su definición e incorporando nuevamente la “falta de adecuación del trabajador” como motivo válido de despido, con el objetivo de reducir la judicialización y otorgar mayor certeza jurídica.
Mayor flexibilidad laboral y jornada
En materia de jornada laboral, la mesa propone extender el período de cálculo del promedio de horas trabajadas desde las actuales 4 semanas a estándares internacionales de hasta 15 o incluso 52 semanas, manteniendo un tope de 52 horas semanales.
También se sugiere implementar un mecanismo de reducción temporal de jornada en contextos de crisis económicas, financiado parcialmente con el seguro de cesantía, lo que permitiría evitar despidos en escenarios de contracción.
Polifuncionalidad y adaptación tecnológica
El informe advierte que las interpretaciones recientes han restringido la polifuncionalidad laboral, lo que dificulta la adaptación a cambios tecnológicos. En ese contexto, se propone modificar el Código del Trabajo para permitir múltiples funciones sin restricciones de “naturaleza similar”, siempre que estén explicitadas en el contrato.
La mesa sostiene que solo un 9% de los empleos enfrenta riesgo alto de automatización total, pero un 31% experimentará transformaciones parciales, lo que exige mayor flexibilidad en las tareas laborales.
Impacto en plataformas y empleo independiente
Otro punto relevante aborda la regulación de las empresas de aplicaciones de transporte (EAT). El informe propone modificar la normativa vigente, eliminando exigencias como la licencia profesional y el congelamiento del registro de conductores, medidas que —según el diagnóstico— podrían afectar significativamente el empleo en el sector.
Actualmente, se estima que un 83% de los conductores no cumple alguno de los requisitos establecidos, lo que anticipa un impacto negativo en la oferta laboral del rubro.
Transparencia y datos del mercado laboral
En el ámbito de información, la mesa propone crear un sistema abierto de datos laborales, con microdatos anonimizados que integren registros del seguro de cesantía, programas de empleo, SENCE y otras instituciones, con actualización periódica.
Además, plantea que el INE explique las discrepancias detectadas entre distintas fuentes estadísticas sobre cotizantes, lo que ha generado interpretaciones divergentes sobre la evolución del empleo.
Enfoque general
El documento concluye que las propuestas buscan equilibrar protección al trabajador con incentivos a la contratación, reduciendo incertidumbres regulatorias y facilitando la reasignación laboral en un contexto de cambios tecnológicos y económicos.
La entrega del informe marca el inicio de una etapa de evaluación por parte del Ejecutivo, que deberá analizar la viabilidad política y técnica de las medidas propuestas.
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