Evelyn Matthei calificó como una “tremenda burla e indignación” la decisión de la Fiscalía Metropolitana Oriente de no perseverar en una investigación por el presunto uso irregular de más de $1.600 millones en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.
La causa indagaba el eventual delito de malversación por aplicación pública diferente y se relacionaba con hechos presuntamente ocurridos durante la administración municipal encabezada por Josefa Errázuriz, entre 2012 y 2016.
“Es una tremenda burla e indignación para los vecinos de Providencia. Tras casi 10 años, la Fiscalía decide no perseverar en un caso donde se esfumaron $1.600 millones que debieron ir a la educación y salud de las personas”, señaló Matthei mediante su cuenta en X.
La exjefa comunal agregó que la confianza ciudadana depende del correcto funcionamiento de las instituciones y cuestionó el estándar aplicado por el Ministerio Público.
“La confianza se recupera con instituciones que funcionan y cumplen su deber. Es impresentable que este sea el estándar, especialmente cuando lo que está en juego son los recursos de todos los chilenos”, afirmó.
Investigación se extendió por casi una década
La causa se inició para establecer el destino de recursos administrados por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. De acuerdo con los antecedentes publicados, inicialmente se investigó un monto superior a $2.700 millones, aunque posteriormente la indagatoria se habría concentrado en compromisos por más de $1.600 millones.
El caso mantiene como único imputado al exdirector de Educación municipal Mariano Rosenzvaig, luego de que otros dos investigados fallecieran durante la tramitación de la causa.
La Fiscalía ya había evaluado anteriormente una salida alternativa mediante una suspensión condicional del procedimiento, posibilidad a la que la Municipalidad de Providencia, en calidad de querellante, se opuso.
Tras la decisión de no perseverar, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, también cuestionó la actuación del Ministerio Público y sostuvo que existe una falta de voluntad para determinar responsabilidades.
“Lo que se ve es una desidia por parte del Ministerio Público de no querer hacer justicia en este caso y hacer efectiva la responsabilidad de quienes corresponda”, afirmó.
El municipio deberá evaluar ahora las acciones administrativas y judiciales que pueda impulsar ante el cierre de una investigación que se prolongó durante casi diez años.
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