
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este sábado su programa de ajuste fiscal y lanzó duras críticas contra el mercado financiero, al que acusó de intentar condicionar las decisiones económicas de su Gobierno. El mandatario aseguró que las medidas buscan ordenar las cuentas públicas sin perjudicar a los sectores más vulnerables.
Durante una transmisión en vivo junto al diputado André Janones, Lula respondió a las críticas de inversionistas y sectores empresariales, especialmente de Faria Lima, el principal centro financiero de São Paulo.
«No es el sistema financiero el que me va a enseñar a gobernar el país», afirmó el mandatario, quien cuestionó que determinados grupos económicos prioricen sus ganancias por encima de las necesidades sociales.
Lula también defendió su trayectoria en materia fiscal y recordó que durante sus anteriores administraciones Brasil registró importantes superávits primarios, rechazando las acusaciones de irresponsabilidad presupuestaria.
El Gobierno brasileño impulsa un paquete de medidas fiscales que podría generar una mejora de entre 50.000 y 60.000 millones de reales en las cuentas públicas durante 2027, equivalentes aproximadamente a entre US$9.200 millones y US$11.000 millones, utilizando un tipo de cambio referencial de 5,45 reales por dólar.
La iniciativa, elaborada por el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, contempla una combinación de mayores ingresos tributarios, revisión de beneficios fiscales y mecanismos de control del gasto.
Entre sus principales disposiciones figura una reducción adicional de los incentivos tributarios concedidos a determinados sectores empresariales, junto con restricciones al uso de créditos fiscales para compensar obligaciones tributarias.
También considera revisar remuneraciones extraordinarias en el sector público y ampliar las herramientas para contener gastos cuando la recaudación resulte inferior a las proyecciones.
El proyecto, identificado como PLP 299/2026, obtuvo la aprobación de su texto principal en el Senado el pasado 12 de noviembre, por 45 votos a favor y 31 en contra. La iniciativa continúa su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados.
Frente a los cuestionamientos provenientes de sectores de izquierda, el presidente aseguró que su administración no impulsará reducciones de recursos para salud, educación ni programas sociales.
Lula sostuvo que las modificaciones no constituyen una reforma tributaria estructural, sino un ajuste destinado a garantizar que el Gobierno pueda ejecutar el presupuesto de 2027.
«Si no tenemos control sobre el presupuesto, no podemos gobernar», señaló durante la transmisión.
El mandatario también defendió a Moretti frente a las críticas de dirigentes políticos que consideran que el paquete podría afectar compromisos adquiridos durante la campaña presidencial.
Según explicó, el objetivo central es incrementar los ingresos mediante la revisión de privilegios y exenciones tributarias, evitando trasladar el costo del ajuste a las familias de menores ingresos.
El debate ocurre en un escenario de creciente preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas brasileñas, especialmente por la evolución de la deuda, el costo de los intereses y las dificultades para equilibrar ingresos y gastos.
El Ejecutivo busca alcanzar un superávit primario equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto en 2027, lo que representa aproximadamente 73.200 millones de reales, unos US$13.400 millones al tipo de cambio referencial utilizado.
La estrategia fiscal también contempla avanzar hacia un superávit primario de 1,5% del PIB en 2030.
Sin embargo, especialistas y representantes del sector financiero han planteado dudas sobre la capacidad de las medidas propuestas para estabilizar la deuda pública sin introducir cambios adicionales en la estructura del gasto.
Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de los mecanismos de congelamiento presupuestario, que permitirían restringir determinadas partidas si las proyecciones fiscales se deterioran.
Tensiones entre crecimiento y disciplina fiscal
La controversia refleja las dificultades que enfrenta Lula para conciliar sus compromisos sociales con las exigencias de disciplina fiscal.
Durante sus anteriores gobiernos, entre 2003 y 2010, Brasil combinó políticas de redistribución de ingresos con períodos de crecimiento económico y resultados fiscales primarios positivos, favorecidos también por un contexto internacional de elevados precios de las materias primas.
En su tercer mandato, iniciado en 2023, Lula promovió un nuevo marco fiscal para sustituir el antiguo techo de gasto público, buscando compatibilizar la expansión de programas sociales con límites al crecimiento del presupuesto.
La discusión se intensificó durante 2026 ante las perspectivas de desaceleración económica y las dificultades para alcanzar las metas presupuestarias.
Ahora, con un nuevo período presidencial por delante, el Gobierno intenta consolidar un esquema que permita financiar sus prioridades sin profundizar el desequilibrio de las cuentas públicas.
El próximo desafío será conseguir la aprobación definitiva del paquete en el Congreso, donde las medidas enfrentan resistencias tanto de sectores empresariales como de parlamentarios preocupados por sus eventuales consecuencias sociales.
Lula, por su parte, insiste en que la responsabilidad fiscal no debe significar abandonar las políticas redistributivas y que el ordenamiento de las finanzas públicas debe avanzar junto con la reducción de la desigualdad.
La discusión legislativa será determinante para establecer el alcance efectivo del ajuste y su impacto sobre el presupuesto brasileño de 2027.
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