Dos casos aparentemente distintos comenzaron a converger en una preocupación común para las autoridades: la eventual existencia de vínculos entre funcionarios públicos que participaron en procesos licitatorios y empresas privadas que posteriormente resultaron beneficiadas con millonarios contratos estatales.
Las investigaciones que afectan a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y a una licitación de mantención de paraderos en la Municipalidad de Puente Alto han abierto una nueva línea de análisis dentro del Gobierno, centrada en revisar las bases de licitación, los criterios de adjudicación y las relaciones que pudieran existir entre empresas ganadoras y exfuncionarios de organismos públicos.
La señal más evidente apareció en el caso Junaeb, donde una denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades que superarían los $14 mil millones reveló antecedentes sobre el exjefe jurídico del organismo, Alejandro Layseca. Según la denuncia, recuperada por la actual administración de Junaeb, Layseca habría recomendado modificaciones contractuales cuestionadas y posteriormente pasó a desempeñarse como asesor legal de Soser, empresa vinculada a los contratos investigados.
La situación fue considerada por la actual dirección del servicio como una posible señal de conflicto de interés que deberá ser esclarecida por el Ministerio Público.
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Ahora, las alertas también apuntan a otros procesos de contratación pública. Uno de ellos es la licitación denominada «Plan de Mantenimiento de Puntos de Parada» de la Municipalidad de Puente Alto, adjudicada a la empresa Sercom y actualmente sometida a revisión por el Tribunal de Contratación Pública tras una demanda que denuncia presuntas irregularidades en la evaluación de las ofertas.
La acción judicial sostiene que la propuesta seleccionada habría generado un eventual perjuicio cercano a los $527 millones para las arcas fiscales y cuestiona la forma en que fueron evaluadas las propuestas técnicas y económicas presentadas por los competidores.
Sercom, además, ha ganado las últimas 61 licitaciones con este mismo modelo por casi 50 millones de dolares.
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Fuentes conocedoras de las revisiones que actualmente se realizan en distintos organismos públicos señalan que uno de los focos de atención es determinar si las bases de licitación fueron diseñadas o influenciadas de manera que favorecieran a determinados oferentes y si posteriormente esas empresas incorporaron a exfuncionarios que participaron directa o indirectamente en los procesos de adjudicación.
La preocupación no es menor. Tanto en el caso de Junaeb como en el de Puente Alto aparecen cuestionamientos respecto de la elaboración de bases, la evaluación de ofertas y la existencia de relaciones posteriores entre el sector público y privado.
De acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, tras las revelaciones surgidas en Junaeb y las publicaciones sobre la licitación de Puente Alto en diversos medios, organismos gubernamentales han comenzado a revisar contratos, empresas adjudicatarias y eventuales nexos con funcionarios públicos que hayan tenido participación en los respectivos procesos. Estos serían indagados, en un comienzo, como sujetos de interés. Los investigadores ya tendrían un par de nombres en Sercom.
El objetivo es determinar si se trata de hechos aislados o si existe un patrón más amplio de captura de procesos licitatorios mediante mecanismos que, sin necesariamente vulnerar formalmente la ley, podrían afectar la transparencia, la libre competencia y el correcto uso de recursos públicos.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación de Junaeb y el Tribunal de Contratación Pública analiza la controversia surgida en Puente Alto, las pesquisas podrían abrir nuevas aristas sobre la relación entre el Estado, las empresas proveedoras y quienes participaron en la elaboración de las reglas que terminaron definiendo millonarias adjudicaciones.
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