
El empresario minero Jens Lara Tantaquilla fue liberado con vida este lunes en Trujillo, Perú, después de permanecer secuestrado desde la madrugada del domingo, cuando un grupo armado que simuló una intervención policial interceptó el vehículo en el que viajaba y asesinó a cuatro de sus acompañantes.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó inicialmente la captura de cuatro presuntos participantes en el crimen y destacó la respuesta policial desplegada para encontrar al empresario. Posteriormente, la Policía informó que cinco personas habían sido intervenidas en los distritos de El Porvenir y Chepén por su presunta vinculación con el secuestro y el cuádruple homicidio.
El ataque ocurrió en la avenida Húsares de Junín, una de las principales arterias de Trujillo. Los delincuentes utilizaron uniformes e indumentaria similares a los empleados por efectivos policiales para detener la camioneta y ejecutar una operación que las autoridades consideran planificada.
Las investigaciones apuntan principalmente hacia Los Pulpos, una de las organizaciones criminales más conocidas de la región de La Libertad, vinculada durante años con delitos de extorsión, sicariato, secuestros y ataques con explosivos. Las autoridades también analizan posibles conexiones con otras estructuras delictivas que operan en Trujillo.
La organización ha sufrido varias operaciones policiales durante 2026. En febrero, cuatro de sus presuntos integrantes fueron detenidos cuando se preparaban para atacar con explosivos una discoteca de Trujillo. Según las investigaciones policiales, miembros del grupo habían participado además en atentados contra establecimientos comerciales y unidades del transporte público.
El secuestro de Lara volvió a situar en el centro del debate la capacidad del Estado peruano para controlar el crimen organizado en La Libertad. La región arrastra desde hace años una elevada presencia de organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y actividades relacionadas con la minería ilegal, con especial presencia en sectores como El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora.
Gobierno busca ampliar facultades contra el crimen
La gravedad del ataque llevó a Fujimori a convocar una reunión de emergencia de su Gobierno. Posteriormente, el Ejecutivo pidió al Congreso acelerar la discusión de la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.
La propuesta permitiría al Gobierno adoptar medidas por decreto durante 120 días y contempla modificaciones destinadas a enfrentar organizaciones criminales, reforzar la inteligencia estatal y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad. Entre las ideas planteadas figura la posibilidad de catalogar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas.
La ofensiva forma parte de una estrategia con la que el nuevo Gobierno intenta contener el deterioro de la seguridad. Durante agosto, el Ejecutivo también desplegó miles de policías con apoyo militar en Lima y Callao para enfrentar las extorsiones y ataques que afectan particularmente al transporte público. Entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron más de 200 atentados vinculados al sector, con centenares de víctimas.
En Trujillo, las autoridades también han planteado reforzar los controles alrededor de los recintos penitenciarios, ante la sospecha de que órdenes para cometer secuestros, extorsiones y asesinatos continúan siendo transmitidas desde las cárceles. El Gobierno considera que cortar las comunicaciones y el ingreso clandestino de teléfonos y chips es una pieza central de su estrategia contra las bandas.
Crece presión sobre jefe de la Policía
El episodio también abrió un nuevo frente político para el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.
La bancada de centroizquierda Ahora Nación exigió su renuncia al considerar que su permanencia se ha vuelto insostenible frente al avance del crimen organizado. Juntos por el Perú, en tanto, impulsó una modificación legal para permitir que la Presidencia pueda remover anticipadamente al jefe policial.
La controversia surge porque la legislación actualmente vigente establece un período que mantiene a Arriola al frente de la institución hasta septiembre de 2027, limitando las posibilidades del Ejecutivo de sustituirlo antes de finalizar su mandato.
La liberación de Lara representa un resultado inmediato para las autoridades, pero el asesinato de sus cuatro acompañantes y la capacidad de un grupo armado para ejecutar un falso procedimiento policial en pleno Trujillo han vuelto a poner de manifiesto la dimensión de la crisis.
El operativo permitió recuperar al empresario y detener a varios sospechosos, pero la investigación continúa ahora centrada en establecer quién ordenó el secuestro, determinar la participación exacta de Los Pulpos y localizar a los demás responsables de uno de los ataques criminales de mayor impacto registrados recientemente en el norte de Perú.
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