El dirigente opositor venezolano Leopoldo López denunció que su vivienda en Caracas fue expropiada por las autoridades venezolanas y convertida en una residencia para adultos mayores, en un hecho que calificó como una nueva muestra de la falta de Estado de Derecho en el país.
En una entrevista concedida a CNN, López aseguró que la propiedad, donde vivió junto a su familia durante años, fue ocupada por el Gobierno y posteriormente remodelada para albergar un centro de atención para personas de la tercera edad.
“Es la casa donde crecieron mis hijos. Lo robaron todo, la destruyeron completamente y mataron a los perros. La semana pasada la reinauguraron como un centro de atención sanitaria para adultos mayores”, afirmó el dirigente opositor.
López sostuvo que la medida fue adoptada después de que manifestara públicamente su respaldo a la intervención estadounidense que en enero pasado terminó con la salida del poder de Nicolás Maduro. Según su versión, la vivienda era la única propiedad que mantenía en Venezuela.
“Entraron en mi casa y se llevaron absolutamente todo”, aseguró el fundador del partido Voluntad Popular, quien reside en España desde octubre de 2020.
El líder opositor afirmó que el objetivo de esta acción es enviar un mensaje político a quienes se oponen al gobierno venezolano. “El mensaje es muy claro: en Venezuela no existe Estado de Derecho”, señaló, agregando que este tipo de medidas no son nuevas y forman parte de una larga historia de expropiaciones y confiscaciones denunciadas por sectores opositores.
Asimismo, responsabilizó directamente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la decisión.
“Fue Delcy Rodríguez quien decidió hacer esto: expropiar, destruir, matar a los perros y luego intentar encubrirlo presentándolo como un programa social”, afirmó.
La vivienda fue transformada en una residencia para adultos mayores vinculada a programas estatales de asistencia social. Según reportes de prensa, el inmueble fue remodelado en pocas semanas y actualmente funciona como un centro de atención médica, recreación y apoyo para personas de la tercera edad.
El caso se suma a otras denuncias de opositores venezolanos que han acusado al Estado de ocupar o confiscar propiedades de dirigentes disidentes, especialmente tras la aprobación de normas que permiten la extinción de dominio sobre bienes considerados vinculados a acciones contra el gobierno.
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