
El presidente José Antonio Kast instruyó la elaboración de un plan laboral de emergencia para enfrentar el aumento del desempleo, con medidas que comenzarían a aplicarse durante los últimos días de septiembre y se extenderían por octubre y noviembre.
La iniciativa contempla subsidios para estimular la contratación, aceleración de proyectos de inversión pública y una coordinación especial entre los ministerios del Trabajo, Hacienda, Obras Públicas y Vivienda, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Aunque el Gobierno todavía no presenta el detalle definitivo ni el presupuesto del programa, los dirigentes oficialistas adelantaron que tendrá un “esfuerzo fiscal importante” y que priorizará a los sectores más afectados por la falta de trabajo, especialmente mujeres, jóvenes y adultos mayores.
El anuncio se produjo durante una reunión de coordinación encabezada por Kast en el Palacio de La Moneda, que se extendió por más de dos horas y contó con la participación de los presidentes de los partidos oficialistas.
A la cita asistieron la senadora Andrea Balladares, de Renovación Nacional; el senador Arturo Squella, del Partido Republicano; el diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, y el senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli.
¿En qué consistiría el plan?
De acuerdo con los antecedentes entregados después de la reunión, el programa actuaría simultáneamente desde distintas áreas del Estado:
- Trabajo: diseño de subsidios e incentivos para contratar personas pertenecientes a los grupos con mayores dificultades de inserción laboral.
- Obras Públicas: aceleración o activación de proyectos capaces de generar empleos durante los próximos meses.
- Vivienda: impulso a obras habitacionales y urbanas intensivas en contratación de trabajadores.
- Subdere: coordinación con municipios y gobiernos regionales para ejecutar iniciativas locales.
- Hacienda: definición del financiamiento y reasignación de recursos para sostener las medidas.
Esta estructura muestra que el Ejecutivo busca complementar los incentivos a la contratación privada con empleos generados mediante infraestructura, construcción de viviendas y proyectos municipales.
Sin embargo, el Gobierno aún debe precisar cuántos puestos pretende crear, quiénes podrán acceder a los subsidios, qué proyectos serán anticipados y cuánto dinero se destinará a la iniciativa.
Una respuesta distinta de la agenda proempleo
El senador Luciano Cruz-Coke explicó que el programa no corresponde a un relanzamiento de la agenda proempleo del Ministerio del Trabajo, sino a una intervención extraordinaria y transversal para los próximos meses.
“El énfasis que el Presidente nos ha ordenado es precisamente poner por delante los temas del empleo y la emergencia laboral”, señaló.
El parlamentario sostuvo que Chile ha mantenido tasas de desempleo superiores al 8% durante 40 meses y manifestó especial preocupación por la desocupación de mujeres, jóvenes y personas mayores.
La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, afirmó que durante la reunión se revisaron el empleo, el costo de la vida, la inversión y las dificultades que enfrentan las familias para llegar a fin de mes.
Balladares señaló que existen “distintas ideas sobre la mesa” y que los ministerios deberán presentar el detalle de las medidas durante los próximos días o semanas.
Presupuesto 2027 y tramitación legislativa
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que el plan será acompañado por un esfuerzo fiscal relevante y pidió que el proyecto de Presupuesto 2027 tenga como una de sus prioridades la creación de empleos.
“No hay mejor política social que un buen trabajo”, afirmó el diputado, quien reconoció que la economía chilena acumula cuatro trimestres de contracción: dos correspondientes al actual Gobierno y dos a la administración anterior.
El senador Arturo Squella, en tanto, comprometió la disposición de los partidos oficialistas para acelerar la tramitación de las iniciativas legales necesarias.
El plan también se vinculará con medidas de reactivación incluidas en la reforma de reconstrucción y con la inversión pública contemplada para 2027. Parte de esa agenda continúa pendiente debido a la revisión efectuada por el Tribunal Constitucional.
La iniciativa surge en momentos en que el desempleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y el oficialismo presiona al Ejecutivo para adoptar medidas inmediatas. El alcance real del programa solo podrá evaluarse cuando el Gobierno informe su presupuesto, beneficiarios, metas de contratación y calendario de ejecución.
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