El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó el retiro de la reforma constitucional de seguridad que actualmente se encuentra en el Congreso, luego de alcanzar un acuerdo para redactar un nuevo texto.
La decisión se conoció tras una reunión sobre la agenda de seguridad encabezada por el Mandatario en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, encuentro al que asistieron los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob), Martín Arrau (Seguridad), José García Ruminot (Segpres) y Fernando Rabat (Justicia).
También participaron los vicepresidentes del Senado, Iván Moreira (UDI), y de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), además de los presidentes de las comisiones de Seguridad y Constitución de ambas corporaciones: el senador Pedro Araya (PPD) y el diputado Jaime Mulet (FREVS), por Constitución; y el senador Karim Bianchi (Ind) y el diputado Cristián Araya (Republicanos), por Seguridad.
Tras el encuentro, Pedro Araya confirmó que “el Gobierno ha manifestado su disposición a retirar la reforma una vez que se presente un texto alternativo que se haga cargo de resolver los problemas que estaban planteados originalmente en la reforma”.
En esa línea, el parlamentario explicó que se acordó una hoja de ruta para que durante la próxima semana se presente un nuevo proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad pública. Una vez ingresada esa iniciativa, el Gobierno retiraría el texto presentado originalmente.
Por su parte, Bianchi adelantó a La Tercera que el nuevo proyecto será ingresado el lunes y contará con el patrocinio de senadores integrantes de la Comisión de Seguridad. Sin embargo, aclaró que no todos los parlamentarios de la instancia necesariamente respaldarán la propuesta.
“No sé si, por ejemplo, la senadora Pascual lo apoya, o la senadora Vodanovic, pero al menos lo que ya se había anticipado era que Longton, Squella y Araya tienen el proyecto, y ese es el que va a avanzar en los términos que se conversó en la comisión”, sostuvo.
Tres ejes
Según consignó Radio Bío Bío, el nuevo documento contempla tres ejes principales.
El primero apunta a establecer a nivel constitucional una condena al crimen organizado, considerándolo un fenómeno que afecta las bases de la institucionalidad y la convivencia democrática, con un tratamiento similar al que actualmente recibe el terrorismo.
El segundo busca otorgar nuevas facultades a Gendarmería para segregar a las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad. La medida pretende evitar que internos considerados de alta peligrosidad sean trasladados o agrupados junto a otros reclusos, como ocurrió, por ejemplo, en el marco de la denominada Operación Cancerbero.
El tercer eje se relaciona con los estados de excepción constitucional. La propuesta mantendría los mecanismos actualmente contemplados y realizaría precisiones conceptuales respecto del estado de emergencia, de modo que quede expresamente establecido que puede operar frente a situaciones vinculadas con la seguridad pública.
De esta manera, el Ejecutivo busca reencauzar la discusión de su agenda de seguridad en el Congreso, reemplazando la propuesta que había generado reparos entre distintos sectores por materias como la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.
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