Un juez del estado de Nueva York ordenó a la administración del alcalde Zohran Mamdani paralizar y rehacer el procedimiento utilizado para aplicar el denominado Pied-à-Terre Tax, el impuesto que grava las segundas residencias de lujo en la ciudad.
El magistrado Wayne Ozzi, del Tribunal Supremo estatal en Staten Island, concluyó que el Departamento de Finanzas municipal utilizó un procedimiento que vulneró el derecho al debido proceso de los propietarios, al obligarlos a demostrar que sus inmuebles correspondían a su residencia principal para quedar exentos del recargo.
El fallo cuestiona que la administración haya trasladado la carga de la prueba a los contribuyentes en lugar de realizar previamente una evaluación individual utilizando la información tributaria que ya tenía disponible.
La resolución obliga al municipio a cancelar las notificaciones enviadas y retirar el registro suplementario que llegó a incorporar más de 900.000 propiedades potencialmente relacionadas con el nuevo gravamen. En la práctica, unas 17.000 notificaciones habían sido remitidas a propietarios.
La Justicia estableció que cualquier nueva comunicación deberá estar precedida por una determinación individualizada de la situación del inmueble, explicando las pruebas y criterios utilizados para concluir que una propiedad puede estar sometida al impuesto.
El fallo no elimina el Pied-à-Terre Tax, sino que cuestiona la forma en que fue implementado por la administración municipal.
La ciudad apelará
La Alcaldía rechazó la resolución y presentó una apelación, lo que dejó temporalmente suspendidos los efectos de la orden mientras continúa la disputa judicial.
El portavoz municipal Matt Rauschenbach calificó la decisión como “errónea” y sostuvo que la administración continuará defendiendo el gravamen.
“Los ultrarricos están luchando en los tribunales para evitar pagar lo que les corresponde. Han presentado demanda tras demanda para proteger sus privilegios, y no daremos marcha atrás”, afirmó.
La controversia judicial se suma a otras acciones contra el impuesto. Entre quienes han recurrido a los tribunales figuran el empresario de casinos Steve Wynn y el exsecretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross, quienes cuestionan la constitucionalidad del gravamen y sostienen que discrimina a propietarios que no tienen su residencia principal en Nueva York.
Un impuesto para recaudar US$500 millones al año
El impuesto fue impulsado este año por Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como una de las medidas destinadas a enfrentar el déficit presupuestario de la ciudad.
El esquema contempla un recargo anual sobre propiedades residenciales de lujo que no sean utilizadas como vivienda principal. Cuando la propuesta fue presentada en abril, la administración proyectó que podría generar alrededor de US$500 millones anuales.
El diseño inicial apuntó especialmente a segundas residencias de lujo valoradas en US$5 millones o más, aunque la aplicación definitiva contempla diferencias según el tipo de propiedad.
La iniciativa recuperó un debate que Nueva York mantiene desde hace años respecto de los departamentos y viviendas de alto valor adquiridos por multimillonarios, inversionistas y residentes de otros estados o países que permanecen desocupados durante buena parte del año.
Una propuesta similar cobró fuerza en 2019 después de que el multimillonario Kenneth Griffin adquiriera un penthouse en Central Park South por aproximadamente US$238 millones, operación que en ese momento se convirtió en la compra residencial más cara registrada en Estados Unidos.
Mamdani y Trump enfrentados por la política fiscal
El nuevo impuesto también profundizó el enfrentamiento político entre Mamdani y el presidente Donald Trump, propietario de diversos activos inmobiliarios y estrechamente vinculado durante décadas al mercado de bienes raíces de Nueva York.
Trump ha acusado al alcalde de perjudicar económicamente a su ciudad natal y ha cuestionado las políticas tributarias impulsadas por su administración.
Mamdani, en cambio, ha defendido el gravamen bajo el argumento de que quienes pueden mantener propiedades de varios millones de dólares en Nueva York sin utilizarlas como residencia principal deben realizar una mayor contribución al financiamiento de los servicios municipales.
La disputa por el Pied-à-Terre Tax se produce además en momentos en que Mamdani impulsa otras iniciativas de alto impacto político. Esta semana anunció una inversión adicional de US$26 millones para fortalecer la estrategia de Nueva York contra el antisemitismo, después de las controversias surgidas en torno a sus diferencias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su posición sobre el conflicto en Medio Oriente.
La batalla judicial por las segundas residencias continuará ahora en los tribunales. Aunque la resolución representa un revés para la forma en que el municipio puso en marcha el impuesto, por ahora no invalida el gravamen, cuyo futuro dependerá tanto de las apelaciones como de las restantes demandas que cuestionan su constitucionalidad.
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