Una denuncia por presuntas irregularidades que alcanzarían los $14 mil millones presentó ante la Fiscalía el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, en relación con contratos de alimentación escolar en la región de O’Higgins. El caso apunta a modificaciones contractuales realizadas entre 2022 y 2023 que habrían elevado de forma exponencial tanto el número de raciones como su valor unitario.
Según explicó Peña, las alteraciones permitieron fijar precios de hasta $8.680 por una once —muy por sobre el rango habitual de entre $800 y $1.100—, además de aumentar significativamente la cantidad de servicios solicitados. “Eso no tiene absolutamente ninguna justificación”, afirmó en entrevista radial.
El director sostuvo que inicialmente la investigación se centraba en un monto cercano a los $3.500 millones, pero nuevos antecedentes ampliaron el perjuicio fiscal. A su juicio, el problema se originó en modificaciones realizadas mediante resoluciones exentas, sin pasar por el control de la Contraloría, pese a que los montos involucrados lo requerían.
Junaeb denuncia ante Fiscalía y Contraloría presuntas irregularidades por más de $14 mil millones
Correos eliminados y nuevas aristas
Uno de los elementos clave de la denuncia es la recuperación de correos electrónicos eliminados desde el servidor institucional. De acuerdo con Peña, en dichos mensajes el exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, habría recomendado a la entonces directora nacional, Camila Rubio, realizar los cambios contractuales evitando el trámite ante Contraloría.
“Esos correos fueron eliminados por el remitente y recuperados posteriormente. Abren nuevas líneas de investigación”, señaló el director, quien además subrayó que Layseca posteriormente trabajó como asesor legal de la empresa Soser, vinculada a los contratos cuestionados.
Para Peña, este antecedente podría constituir un eventual conflicto de interés que debe ser indagado por el Ministerio Público.
Defensa de la exdirectora
Desde la vereda opuesta, la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, rechazó las acusaciones y sostuvo que su administración enfrentó problemas heredados de procesos licitatorios anteriores.
“Nos tocó responder por falencias de la administración previa, que durante nuestra gestión buscamos subsanar”, afirmó. Según explicó, los pagos observados por Contraloría —por cerca de $3.500 millones— correspondían a una porción fija establecida en contratos previos, vinculada a una sobreestimación de la demanda.
Rubio también aseguró que durante su gestión se introdujeron mejoras en los procesos y valoró la apertura de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades.
Postura de la empresa Soser
Por su parte, la empresa Soser S.A., proveedora del servicio de alimentación, descartó la existencia de irregularidades graves. En un comunicado, la firma atribuyó los cuestionamientos a “problemas estructurales” en las bases de licitación diseñadas por Junaeb.
La compañía indicó que los montos observados corresponden a componentes fijos del contrato, destinados a cubrir costos operativos como mano de obra, y que no dependen directamente del número de raciones efectivamente entregadas.
Asimismo, enfatizó que el informe de Contraloría detectó “deficiencias operativas y contractuales”, pero no estableció responsabilidades graves en su contra.
Próximos pasos
El director de Junaeb aseguró que la denuncia no tiene un carácter meramente comunicacional, sino que busca perseguir responsabilidades administrativas, civiles y penales. “Lo importante es conocer la verdad y avanzar hacia un proceso de modernización del servicio”, afirmó.
La investigación ahora queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existieron delitos asociados a la eventual manipulación de contratos y al uso de recursos públicos en el programa de alimentación escolar.
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