El juez Daniel Urrutia Laubreaux, presidente de la Organización de Trabajadores de la Justicia (OTJ) de la Región Metropolitana, denunció a la Corte de Apelaciones de Santiago ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acusando que fue objeto de represalias administrativas por haber comparecido ante el tribunal internacional en el marco de una causa seguida contra el Estado de Chile.
Según informó el magistrado, la denuncia se originó a raíz de la apertura de un sumario administrativo en su contra por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, relacionado con su asistencia, en enero de 2020, a una audiencia realizada en San José de Costa Rica durante la tramitación del caso Urrutia Laubreaux versus Chile.
La Corte Interamericana confirmó la recepción de los antecedentes y dispuso que el Estado de Chile, a través de la Cancillería, entregue una respuesta dentro de un plazo de dos meses.
De acuerdo con la resolución del tribunal internacional, también se tuvo por recibido un escrito presentado el 29 de mayo de 2026 por la representación de Urrutia, ingresado formalmente el 1 de junio, mediante el cual se informan “nuevos hechos relacionados con una investigación sumaria administrativa” en contra del magistrado.
Entre las solicitudes formuladas por la defensa figura que la Corte Interamericana reconozca expresamente que la comparecencia de Urrutia ante ese organismo en enero de 2020 constituye un acto protegido por el artículo 53 de su reglamento, norma que prohíbe a los Estados adoptar represalias contra víctimas, testigos, peritos, representantes o asesores legales por su participación en procesos ante el tribunal.
El citado artículo establece que “los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte”.
Asimismo, la representación del magistrado solicitó la realización de una audiencia de supervisión de cumplimiento respecto de las obligaciones internacionales asumidas por Chile en el caso.
La Corte Interamericana informó que esta petición fue puesta en conocimiento de la presidencia del tribunal y ordenó que el Estado de Chile se refiera específicamente a estos antecedentes en el informe que deberá presentar a más tardar el próximo 6 de agosto de 2026.
El caso abre un nuevo capítulo en la controversia entre el juez Daniel Urrutia y las autoridades judiciales chilenas, en un conflicto que ahora vuelve a situarse bajo el escrutinio del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
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