Un tribunal de Israel resolvió extender por seis días la detención de dos activistas arrestados tras el abordaje de la embarcación Global Sumud Flotilla en aguas internacionales del mar Mediterráneo. Entre los detenidos se encuentra el ciudadano palestino-español Saif Abukeshek, junto al activista brasileño Thiago Ávila.
La decisión fue adoptada por un tribunal en Ascalón, que accedió a la solicitud de las autoridades para mantener a ambos bajo custodia al menos hasta el 10 de mayo, mientras continúan los interrogatorios.
El equipo defensor anunció que presentará una apelación de forma inmediata, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento y que no existen cargos formales presentados hasta ahora. Según la defensa, la extensión de la detención responde exclusivamente a la intención de prolongar las diligencias investigativas.
Durante las audiencias preliminares, la fiscalía mencionó una serie de presuntos delitos, entre ellos asistencia a un enemigo en tiempo de guerra, contacto con agente extranjero y colaboración con organizaciones consideradas terroristas por Israel. La defensa rechazó estos señalamientos, subrayando que la misión de la flotilla tenía carácter humanitario y estaba orientada a entregar ayuda a la población civil en la Franja de Gaza.
Asimismo, los abogados sostienen que la legislación israelí no sería aplicable en este caso, dado que los activistas fueron interceptados a gran distancia de la costa y no son ciudadanos israelíes. También denunciaron condiciones de detención restrictivas, incluyendo aislamiento, iluminación permanente y restricciones de movilidad bajo custodia.
Ambos detenidos iniciaron una huelga de hambre el 30 de abril, consumiendo únicamente agua, como forma de protesta por su situación.
El fallo judicial se habría basado parcialmente en antecedentes que no fueron puestos a disposición de la defensa, lo que, según los abogados, vulnera garantías básicas del debido proceso. La resolución permite continuar los interrogatorios sin restricciones adicionales.
Desde el gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cuestionó la legalidad de la detención y exigió la presentación de pruebas concretas. La autoridad señaló que, según la información recibida, no existirían antecedentes que respalden las acusaciones y reiteró la demanda de liberación inmediata del ciudadano español.
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