La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, informó este lunes los primeros resultados del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia instruida por el Presidente José Antonio Kast, que identificó alertas que involucran recursos públicos por US$9.200 millones correspondientes al período de la administración anterior.
Según detalló la autoridad, el análisis abarcó más de 913 millones de registros provenientes de más de 500 servicios públicos, considerando transferencias, compras, contratos, programas estatales y gestión de personal, en lo que calificó como “la revisión de datos públicos más amplia realizada en Chile”.
Tres etapas y hallazgos preliminares
Castillo explicó que el proceso se estructura en tres fases: recolección y cruce de datos, investigación de alertas y, finalmente, corrección y derivación de eventuales irregularidades. Estas etapas —precisó— pueden desarrollarse en paralelo.
En esta primera revisión, se detectaron patrones transversales en distintos organismos del Estado, entre ellos rendiciones insuficientes, entidades receptoras no registradas conforme a ley, uso reiterado de compras ágiles con un mismo proveedor, incumplimientos contractuales, sobreejecución presupuestaria superior al 30% y deficiencias en la recuperación de licencias médicas.
La subsecretaria enfatizó que estas alertas no implican necesariamente fraude, sino que incluyen errores administrativos, ineficiencias y debilidades estructurales, aunque en ciertos casos podrían derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales.
Deuda fiscal y compras públicas bajo la lupa
Entre los ejemplos expuestos, Castillo destacó la detección de una postergación de pagos desde 2025 a 2026 por cerca de US$3.200 millones, equivalente a casi el 1% del PIB. Según indicó, esta cifra supera ampliamente los traspasos registrados en cambios de gobierno anteriores entre Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Según lo anterior, La autoridad advirtió que se vieron afectados por esta postergación US$ 1.000 millones a proveedores de atención de salud, US$ 650 millones a Junaeb en servicios de alimentación escolar, US$ 400 millones en gratuidad universitaria y US$ 268 millones a 9.986 pymes proveedoras del Estado.
En materia de compras públicas, el comité identificó más de US$3.000 millones ejecutados mediante trato directo o compra ágil en contextos donde se podrían haber utilizado mecanismos competitivos. De acuerdo con estimaciones basadas en estudios de la Fiscalía Nacional Económica, esto habría impedido ahorros potenciales cercanos a US$760 millones.
Además, la auditoría identificó patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales y concursos públicos desiertos.
Licencias médicas y recursos no recuperados
Otro foco de preocupación corresponde a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral. Castillo señaló que existen cerca de US$150 millones que no fueron recuperados por el Estado en años anteriores, en un sistema donde el sector público paga el 100% de las remuneraciones durante licencias médicas.
Cuatro casos serán investigados en profundidad
El comité resolvió además avanzar en auditorías específicas en cuatro áreas:
- Programa de alimentación escolar, con eventuales pagos por raciones no servidas y conflictos de interés.
- Ministerio de la Mujer, incluyendo el Servicio Nacional de la Mujer y la fundación ProDEMU, por debilidades en gobernanza financiera.
- Ministerio de Transportes, por fallas en control financiero y falta de cobro de garantías.
- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), por problemas en rendición y supervisión de fondos.
En estos casos, los antecedentes serán derivados a organismos como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, si corresponde.
Objetivo: fortalecer el control del gasto público
Finalmente, Castillo subrayó que el plan —denominado “Inspección Total”— busca reforzar la institucionalidad, mejorar los mecanismos de control y asegurar el uso eficiente de los recursos fiscales.
“Donde existan errores deberán corregirse, donde haya debilidades estructurales se fortalecerá la institucionalidad, y donde existan irregularidades, se investigará hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
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