La familia de Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis, presentó este jueves dos demandas ante la justicia federal de Estados Unidos por su muerte ocurrida el pasado 7 de enero.
Las acciones judiciales fueron interpuestas por su pareja, Becca Good, y su hermano Brent Ganger, y apuntan tanto contra el Gobierno de Estados Unidos como contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.
Una de las demandas acusa al Estado estadounidense por muerte por negligencia y plantea además reclamaciones por agresión, detención ilegal, daño emocional y negligencia. La segunda sostiene que existió una conspiración para vulnerar derechos civiles en el contexto de los operativos migratorios desplegados en Minnesota.
Entre los demandados figura Jonathan Ross, el agente del ICE que disparó contra Good, además del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; Corey Lewandowski; el exresponsable de la política fronteriza Tom Homan y antiguos altos cargos de los organismos encargados del control migratorio.
“La muerte de Renee no fue un accidente”, sostiene la familia en la presentación judicial, que atribuye lo ocurrido a una política impulsada desde altos niveles de la Administración para desplegar agentes federales en sectores de Minneapolis con una importante presencia de población de origen somalí e hispano.
La controversia por los disparos
Good murió el 7 de enero durante la denominada Operación Metro Surge, un amplio despliegue federal contra la inmigración irregular en Minnesota.
Videos registrados durante el incidente mostraron a Good al interior de un vehículo mientras agentes federales se aproximaban y le ordenaban salir. Posteriormente, cuando comenzó a mover el automóvil, Ross efectuó tres disparos.
La Administración estadounidense defendió inicialmente la actuación del agente argumentando que había actuado ante una amenaza provocada por el movimiento del vehículo. La familia rechaza esa versión y sostiene que Good intentaba retirarse del lugar y que el funcionario ya estaba fuera de la trayectoria del automóvil cuando abrió fuego.
Las grabaciones difundidas posteriormente se convirtieron en una pieza central de la controversia. Una de ellas mostró que Good había hablado con Ross poco antes del tiroteo, aunque las imágenes no permitieron establecer de manera concluyente si el vehículo llegó a entrar en contacto con el agente.
Una autopsia independiente encargada por la familia determinó posteriormente que Good recibió impactos en la cabeza, el pecho y un brazo.
Una muerte que desató protestas
El caso provocó fuertes protestas en Minneapolis y reabrió el debate en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias impulsadas durante el segundo mandato de Trump.
Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, se encontraba en el sector en medio de las movilizaciones contra las redadas migratorias cuando se produjo el enfrentamiento.
La investigación también estuvo rodeada de controversias institucionales. Inicialmente se había previsto la participación conjunta del FBI y de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA), pero las autoridades estatales denunciaron posteriormente que quedaron sin acceso al material de la investigación federal.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y autoridades locales reclamaron entonces una investigación transparente y participación estatal en el esclarecimiento del caso.
Posteriormente trascendió que agentes del FBI habían realizado una revisión inicial sobre una eventual vulneración de derechos civiles, aunque el Departamento de Justicia sostuvo después que no existía una investigación federal de ese tipo en curso.
Familia acusa una política que favoreció los abusos
La segunda demanda amplía el foco más allá de la conducta del agente que disparó. Los familiares sostienen que altos funcionarios promovieron un esquema de operativos con miles de agentes federales, muchos de ellos enmascarados, y que se habría dirigido especialmente contra comunidades hispanas y somalíes.
Según la acción judicial, esa estrategia habría creado condiciones para enfrentamientos con ciudadanos que observaban o protestaban contra los procedimientos migratorios y habría transmitido a los agentes la idea de que no enfrentarían consecuencias por el uso de la fuerza.
Las acusaciones forman parte ahora de un proceso civil y deberán ser acreditadas ante los tribunales. Las demandas solicitan que se determinen responsabilidades por la muerte de Good y por eventuales vulneraciones de derechos civiles.
El episodio se produjo en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y de un fuerte incremento de los operativos del ICE durante 2026. La muerte de Good se transformó en uno de los casos más controvertidos de ese despliegue y abrió una discusión nacional sobre los límites de la actuación de los agentes federales y los mecanismos de fiscalización de las operaciones migratorias.
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