
Un equipo de especialistas de la Universidad de Chile advirtió un estancamiento en la reducción de la mortalidad materna en el país, junto con un aumento registrado tras la pandemia, y propuso una serie de medidas para fortalecer su vigilancia y prevención.
Las recomendaciones están contenidas en el policy brief “Recomendaciones para la vigilancia interseccional de la mortalidad materna en Chile”, un documento de libre acceso que busca orientar tanto a tomadores de decisiones como a la ciudadanía, en un contexto donde este indicador continúa siendo una prioridad sanitaria global.
Pese a que Chile presenta una de las tasas más bajas de la región —estimada en 15 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2020— los expertos advierten que la tendencia a la baja se ha detenido. Del total de fallecimientos, cerca del 30% corresponde a causas indirectas, vinculadas a enfermedades crónicas y condiciones sociales, mientras que aproximadamente el 70% ocurre después de los 42 días posteriores al parto, con predominio de complicaciones cardiovasculares.
La académica de la Facultad de Medicina y autora del documento, Jovita Ortiz Contreras, explicó que “aunque Chile mantiene cifras más bajas que otros países de América Latina, eso no significa que el problema esté resuelto”, subrayando que el estancamiento e incremento postpandemia obligan a revisar las políticas actuales.
Falencias estructurales del sistema
El análisis realizado por el equipo —integrado por profesionales de distintas universidades— detectó tres limitaciones clave en el modelo vigente: la fragmentación de la información entre instituciones, un enfoque centrado exclusivamente en lo biomédico y la falta de herramientas tecnológicas modernas para el análisis de datos.
Según detalló el académico Rodrigo Neira, el sistema actual no logra responder adecuadamente a la complejidad del fenómeno, al no incorporar preguntas sobre las causas estructurales que explican estas muertes.
Enfoque interseccional y transparencia
Entre las principales propuestas destaca la incorporación de una perspectiva interseccional en las políticas públicas, considerando variables como género, edad, etnia, migración, nivel socioeconómico y territorio. Este enfoque permitiría comprender cómo distintas desigualdades se combinan y aumentan la vulnerabilidad de ciertas mujeres.
Asimismo, el documento plantea la necesidad de avanzar hacia sistemas de información interoperables y en tiempo real, fortalecer los comités de análisis de mortalidad y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.
Estas medidas se alinean con compromisos internacionales como el Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 3, así como con estrategias nacionales en salud y equidad de género.
Un desafío pendiente
Los expertos coinciden en que el desafío no se limita a reducir un indicador, sino a evitar que cualquier muerte materna sea considerada inevitable. Para ello, recalcan la importancia de modernizar los marcos normativos y transformar los datos en herramientas efectivas para la toma de decisiones.
“El objetivo final es avanzar hacia un sistema que permita aprender de cada caso y prevenir futuras muertes, fortaleciendo la equidad y la confianza en las instituciones”, concluye el documento.
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