
España pidió este martes, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía, establecer una hoja de ruta internacional para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia un sistema energético basado en fuentes renovables.
El Gobierno español, encabezado en esta materia por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, considera imprescindible transformar los compromisos climáticos internacionales en medidas concretas que permitan reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas.
La propuesta fue planteada durante la segunda jornada de la cumbre, dedicada a la energía, en un contexto marcado por las dificultades para acelerar la descarbonización de la economía mundial y las diferencias entre países productores y consumidores de hidrocarburos.
España sostiene que la transición energética debe apoyarse en cuatro pilares fundamentales: mayor generación renovable, electrificación de la economía, modernización de las redes eléctricas y desarrollo de sistemas de almacenamiento.
El objetivo es que la expansión del consumo eléctrico permita reemplazar efectivamente los combustibles fósiles, en lugar de limitarse a modificar la forma en que se utiliza la energía.
Electrificación mundial del 35% para 2035
Uno de los principales debates de la COP31 gira en torno a la iniciativa denominada 35 by 35, impulsada por la presidencia turca de la conferencia.
La propuesta plantea aumentar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía desde aproximadamente el 23% hasta el 35% en 2035.
Para España, este objetivo debe estar necesariamente acompañado por un incremento sostenido de la generación eléctrica renovable.
El Ejecutivo advierte que una electrificación basada en centrales alimentadas por carbón o gas natural no resolvería el problema de fondo, ya que mantendría las emisiones asociadas a la producción de energía.
La estrategia contempla impulsar tecnologías como la energía solar fotovoltaica y eólica, además de ampliar las capacidades de almacenamiento mediante baterías y otras soluciones que permitan gestionar la variabilidad de la generación renovable.
También considera fundamental reforzar las interconexiones eléctricas y modernizar las redes de distribución para responder al crecimiento previsto de la demanda.
El compromiso pendiente de la COP28
La posición española busca dar continuidad al acuerdo alcanzado en la COP28, celebrada en Dubái en diciembre de 2023, cuando cerca de 200 países respaldaron por primera vez un llamado explícito a realizar una transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos.
Aquel compromiso representó un avance diplomático significativo, aunque no estableció un calendario obligatorio para eliminar el petróleo, el carbón y el gas.
El acuerdo también contempló triplicar la capacidad mundial de generación renovable hasta 2030 y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética.
Sin embargo, la aplicación de estos compromisos continúa enfrentando obstáculos relacionados con el financiamiento, la infraestructura y la dependencia económica de numerosos países respecto de la producción de hidrocarburos.
En este escenario, España considera necesario avanzar desde las declaraciones generales hacia mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación de los compromisos.
Brasil y el debate sobre el fin del petróleo
El Gobierno español también destacó la importancia de la iniciativa brasileña destinada a establecer una hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
Brasil ha buscado mantener este asunto en el centro de las negociaciones climáticas internacionales, especialmente después de los debates desarrollados durante la COP30 de Belém, en 2025.
España considera que esta iniciativa puede contribuir a construir consensos entre países con estructuras energéticas y niveles de desarrollo diferentes.
El debate adquiere especial relevancia para las economías productoras de petróleo y gas, particularmente en Medio Oriente, donde los ingresos provenientes de los hidrocarburos siguen representando una parte importante de las finanzas públicas.
La transición también plantea desafíos para las economías emergentes, que necesitan ampliar su acceso a energía asequible mientras reducen sus emisiones contaminantes.
Financiamiento y reducción de emisiones
Otro de los puntos prioritarios para España es la continuidad del Programa de Trabajo de Mitigación de Naciones Unidas, establecido para promover medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante esta década.
Madrid considera necesario fortalecer este mecanismo y garantizar que sus resultados respondan a la urgencia de limitar el calentamiento global.
La discusión se produce mientras los países enfrentan crecientes necesidades de inversión en infraestructura energética, adaptación climática y tecnologías limpias.
En la COP29, celebrada en Bakú en 2024, los países desarrollados acordaron liderar la movilización de al menos US$300.000 millones anuales para 2035 destinados a financiar acciones climáticas en países en desarrollo.
El acuerdo también estableció el objetivo más amplio de movilizar US$1,3 billones anuales para 2035 desde fuentes públicas y privadas.
La disponibilidad de estos recursos resulta especialmente relevante para las economías que necesitan ampliar su infraestructura eléctrica, incorporar generación renovable y reducir su dependencia de combustibles contaminantes.
Para España, el desafío de la COP31 consiste en traducir los compromisos internacionales en políticas verificables que permitan acelerar la reducción de emisiones y avanzar hacia una economía mundial menos dependiente de los combustibles fósiles.
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