El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de participar en hechos de corrupción, favorecer redes vinculadas al narcotráfico o desarrollar acciones que, según Washington, debilitan el Estado de derecho y gobiernos elegidos democráticamente.
Las medidas forman parte de la iniciativa “Escudo de las Américas”, creada durante la segunda administración del presidente Donald Trump para coordinar acciones regionales contra organizaciones criminales transnacionales, carteles de la droga y redes calificadas por Washington como “narcoterroristas”.
Las restricciones anunciadas afectan a funcionarios y exfuncionarios públicos, miembros del Poder Judicial, dirigentes políticos y empresarios. En varios casos, las sanciones migratorias fueron extendidas también a sus familiares directos.
La ofensiva constituye una nueva aplicación concreta de una política con la que Washington ha incrementado el uso de las visas como instrumento de presión diplomática en América Latina.
Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados
Bolivia aparece como el país con más ciudadanos incluidos en las medidas. Estados Unidos revocó las visas vigentes de 12 personas y sus familiares, mientras que otros nueve ciudadanos que no disponían actualmente de documentación para ingresar al país quedaron declarados no elegibles para obtenerla.
Entre los afectados figuran el fiscal Martín Daniel Irusta Flores; la jueza Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne y el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Vía.
A ellos se suma un caso de mayor relevancia institucional: el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien fue objeto de una designación separada por parte de Washington.
El Gobierno estadounidense acusa a Mariaca de haber utilizado cargos públicos para solicitar y recibir sobornos destinados a facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico y ayudar a personas acusadas de delitos violentos a eludir la Justicia. Se trata de acusaciones formuladas por Estados Unidos y no de hechos establecidos mediante una sentencia judicial.
La medida impide el ingreso de Mariaca y sus familiares directos a territorio estadounidense. El fiscal boliviano, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha atribuido la decisión a presiones políticas.
Senadora y empresario colombianos pierden sus visas
En Colombia, las medidas alcanzaron a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, con actividades principalmente en el sector energético.
Estados Unidos revocó las visas de ambos y extendió las restricciones a sus familiares. En la información difundida sobre la decisión no se detalló públicamente una imputación individual específica que explique la inclusión de cada uno en la medida.
En Ecuador, Washington aplicó restricciones contra dos ciudadanos y canceló sus visas, extendiendo también las medidas a familiares. En Perú, la decisión afecta al juez Juan Carlos Núñez Matos, quien también quedó impedido de ingresar a Estados Unidos junto a miembros de su familia.
Informaciones publicadas en Estados Unidos cifran en 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares latinoamericanos el universo alcanzado por las revocaciones y restricciones anunciadas en esta ofensiva.
Una herramienta de presión diplomática
Las medidas se sustentan, entre otras disposiciones, en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que entrega amplias facultades para impedir el ingreso de extranjeros cuando Washington considera que su presencia puede tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
En el caso del fiscal general boliviano se invocaron además disposiciones que permiten declarar inelegibles para ingresar al país a funcionarios extranjeros y familiares directos cuando el Gobierno estadounidense afirma disponer de información considerada fidedigna sobre participación en actos de corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.
La particularidad de esta política es que permite a Washington actuar sin necesidad de que exista previamente una condena penal contra las personas afectadas. La consecuencia inmediata es migratoria: pérdida del visado o imposibilidad de obtenerlo.
El “Escudo de las Américas”
El origen de la ofensiva se encuentra en la cumbre del Escudo de las Américas, realizada el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, encabezada por Donald Trump. El encuentro reunió a mandatarios y representantes de países latinoamericanos para establecer mecanismos conjuntos frente al narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración irregular y lo que Washington define como interferencias externas en el hemisferio.
La estrategia tuvo una nueva expresión durante la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, cuando Trump reunió a dirigentes latinoamericanos y caribeños integrantes de la coalición y planteó profundizar las acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El Gobierno estadounidense busca así pasar desde una declaración política regional hacia medidas concretas que incluyen restricciones migratorias, sanciones y cooperación en materia de seguridad.
Chile y los antecedentes regionales
La utilización de las visas como herramienta de política exterior estadounidense no comenzó con las decisiones conocidas ahora contra Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Durante 2026, Washington ya había aplicado restricciones migratorias contra funcionarios de otros países latinoamericanos. En febrero se produjo incluso una controversia diplomática con Chile después de que Estados Unidos revocara visas a funcionarios del entonces gobierno de Gabriel Boric en medio de discrepancias relacionadas con un proyecto de cable submarino que involucraba intereses chinos. El Ejecutivo chileno de ese momento rechazó las sanciones y cuestionó sus fundamentos.
La nueva ronda de restricciones muestra que la administración Trump pretende mantener este mecanismo dentro de su estrategia hacia América Latina. El subsecretario de Estado Christopher Landau sostuvo que el “Escudo de las Américas” debe traducirse en acciones y resultados y anticipó que podrían adoptarse nuevas medidas.
Con ello, Washington profundiza una política regional que combina cooperación en seguridad, combate al narcotráfico y la corrupción con instrumentos diplomáticos y migratorios dirigidos directamente contra personas que el Gobierno estadounidense considera responsables de obstaculizar esos objetivos.
La entrada EEUU restringe visas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por acusaciones de corrupción y narcotráfico se publicó primero en El Periodista.
