El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel adicional del 25% a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil, tras acusar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de no negociar «de buena fe» con Washington durante el último año.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el presidente Donald Trump instruyó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, para aplicar la medida, asegurando que el Gobierno brasileño no mostró voluntad para alcanzar un acuerdo comercial.
«Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello», afirmó Rubio.
La Oficina del Representante de Comercio justificó la decisión señalando que Brasil mantiene prácticas consideradas «irrazonables» y perjudiciales para los intereses estadounidenses, entre ellas políticas sobre comercio digital, sistemas de pago electrónico, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, medidas anticorrupción y deforestación ilegal.
Uno de los principales focos de la disputa es Pix, el sistema de pagos instantáneos impulsado por el Banco Central de Brasil, al que Washington acusa de favorecer a proveedores nacionales en detrimento de empresas estadounidenses.
Greer sostuvo que Brasil también ha perjudicado a compañías tecnológicas estadounidenses mediante regulaciones sobre plataformas digitales, además de permitir ventajas competitivas derivadas de la explotación de áreas deforestadas ilegalmente.
Según el documento oficial, los nuevos aranceles comenzarán a aplicarse a partir del 22 de julio de 2026 sobre la mayoría de los productos brasileños, aunque se contemplan excepciones para determinados bienes, entre ellos productos farmacéuticos, aeronaves civiles y sus componentes, vehículos de pasajeros y carga, así como materiales informativos, incluidos libros, películas y obras de arte.
La decisión supone un giro respecto de las negociaciones mantenidas durante las últimas semanas, cuando ambos gobiernos buscaban un acuerdo para reducir o eliminar las barreras comerciales impuestas por la administración Trump.
Brasil anuncia represalias
El Gobierno de Brasil respondió calificando la decisión estadounidense como un «hito lamentable» en la historia de las relaciones bilaterales y rechazó lo que describió como una medida unilateral sin fundamento.
En una declaración oficial, el Palacio de Planalto afirmó que no existe justificación para los nuevos aranceles, recordando que Estados Unidos ha registrado un superávit comercial de US$424.500 millones en el intercambio de bienes y servicios con Brasil durante los últimos 15 años.
Asimismo, señaló que durante 2025 el 76% de las importaciones provenientes de Estados Unidos ingresó al mercado brasileño sin pagar aranceles y que el gravamen promedio aplicado a los productos estadounidenses fue de apenas 3,1%.
El Ejecutivo de Lula aseguró además que presentó antecedentes para refutar todas las acusaciones formuladas por Washington, incluyendo las referidas a Pix y a la regulación de plataformas digitales.
«Pix es un activo de nuestro pueblo y un referente internacional de infraestructura digital pública», sostuvo el Gobierno brasileño, agregando que continuará defendiendo la regulación de las plataformas tecnológicas y que «la libertad de expresión no es una carta blanca para el crimen».
Respecto de las acusaciones sobre deforestación, Brasil afirmó que desde 2023 ha reducido de manera significativa la destrucción de bosques mediante un fortalecimiento de las políticas ambientales.
El Gobierno brasileño anunció además que activará los mecanismos contemplados en la Ley de Reciprocidad para responder a las medidas estadounidenses y que llevará la controversia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Finalmente, el Ejecutivo acusó a la familia Bolsonaro de colaborar con las acciones emprendidas por Washington, afirmando que sectores vinculados al expresidente Jair Bolsonaro promovieron medidas contra Brasil por intereses políticos y electorales.
El Gobierno de Lula concluyó que continuará defendiendo la soberanía nacional y avanzará en la diversificación de sus mercados internacionales mediante acuerdos comerciales con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Singapur.
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