El Gobierno de Ecuador anunció la captura de Hermes Ponce, conocido como “La Muerte”, señalado por las autoridades como integrante del brazo armado de Los Lobos, una de las organizaciones criminales que el Ejecutivo mantiene catalogadas como terroristas.
La detención se produjo este domingo 20 de septiembre en Naranjal, provincia de Guayas, durante un operativo del Bloque de Seguridad ejecutado por las Fuerzas Armadas con información de inteligencia. Ponce es de nacionalidad venezolana y estaría relacionado con delitos de sicariato, secuestro, extorsión, asesinato e intimidación.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sostuvo que el detenido habría protagonizado crímenes de especial violencia. Según la descripción entregada por el Gobierno, algunas víctimas eran secuestradas, golpeadas y obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser asesinadas y desmembradas. Los restos posteriormente habrían sido enterrados en sectores cercanos a plantaciones bananeras. Se trata de acusaciones formuladas por las autoridades que deberán ser establecidas en el correspondiente proceso judicial.
Loffredo calificó al detenido como un “monstruo” y afirmó que para este tipo de delincuentes el destino debe ser “la cárcel o el infierno”. También pidió públicamente al ministro del Interior, John Reimberg, que Ponce sea enviado a El Encuentro, la cárcel de máxima seguridad impulsada por la administración del presidente Daniel Noboa.
Los Lobos y la crisis de seguridad
La captura se produce en medio de la prolongada ofensiva del Estado ecuatoriano contra las estructuras del crimen organizado que durante los últimos años han ampliado su presencia territorial y protagonizado una escalada de homicidios, extorsiones, secuestros y enfrentamientos por el control de rutas del narcotráfico.
Los Lobos figuran entre las organizaciones incluidas por Noboa en el Decreto Ejecutivo 111 de enero de 2024, mediante el cual Ecuador reconoció la existencia de un “conflicto armado interno”. El Gobierno identificó entonces a 22 grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes y ordenó a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para neutralizarlos.
La decisión se produjo después de una de las mayores crisis de seguridad vividas por Ecuador. A comienzos de enero de 2024 se registraron motines penitenciarios, secuestros, explosiones y ataques simultáneos en distintas ciudades. Uno de los episodios de mayor impacto fue la irrupción de hombres armados en las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, mientras el canal transmitía en directo.
La escalada coincidió además con la desaparición desde prisión de José Adolfo Macías Villamar, “Fito”, entonces máximo líder de Los Choneros. En aquellos días también escapó Fabricio Colón Pico, “Capitán Pico”, identificado como uno de los dirigentes de Los Lobos. La pérdida de control de las cárceles se convirtió así en uno de los principales símbolos de la crisis que llevó al Gobierno a desplegar militares en tareas de seguridad interior.
De bandas locales a estructuras transnacionales
El fenómeno criminal ecuatoriano experimentó durante la última década una transformación profunda. Organizaciones originalmente concentradas en delitos locales y disputas penitenciarias ampliaron sus actividades hacia el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el control territorial, en un país ubicado entre Colombia y Perú, dos de los principales productores mundiales de cocaína.
Esta expansión convirtió a Ecuador y especialmente a sus puertos del Pacífico en puntos estratégicos para las rutas internacionales de la droga, mientras grupos locales establecieron vínculos con estructuras criminales extranjeras.
La respuesta de Noboa ha estado marcada por una creciente participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Durante los primeros diez días posteriores a la declaración del conflicto armado interno de 2024 fueron detenidas 2.369 personas, 158 de ellas bajo acusaciones relacionadas con terrorismo.
La estrategia también ha sido objeto de cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre denuncias de abusos durante operaciones militares y han planteado que el combate contra el crimen organizado requiere, además del despliegue de fuerzas de seguridad, fortalecer el sistema judicial, recuperar el control penitenciario y combatir las redes de corrupción vinculadas al narcotráfico.
La captura de Hermes Ponce representa ahora un nuevo golpe contra la estructura atribuida a Los Lobos y se incorpora a la ofensiva con la que el Gobierno ecuatoriano intenta recuperar el control territorial frente a organizaciones que continúan teniendo un peso significativo en la crisis de seguridad del país.
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