
El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte compareció este miércoles por primera vez de manera presencial ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, donde enfrenta un proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la denominada “guerra contra las drogas” impulsada durante su trayectoria política.
Duterte, de 81 años, había participado hasta ahora en las audiencias mediante videoconferencia y se había ausentado de algunas sesiones después de que su defensa argumentara problemas de salud.
Durante la audiencia de este miércoles, la jueza Joanna Korner dejó constancia de la presencia física del exmandatario y señaló que podrá abandonar la sala cuando lo estime necesario, sin requerir una autorización previa.
La magistrada también pidió a la Fiscalía racionalizar la presentación del caso, incluyendo una eventual reducción del número de testigos y del volumen de pruebas, con el objetivo de acelerar el procedimiento.
Vestido con traje negro y camisa blanca, Duterte permaneció en silencio durante gran parte de la sesión y se limitó a saludar a algunos de sus familiares.
El origen del proceso
El exmandatario se encuentra bajo custodia del TPI desde marzo de 2025. La orden de arresto fue emitida el 7 de marzo de ese año y Duterte fue detenido posteriormente por las autoridades filipinas y entregado al tribunal el 12 de marzo. Su primera comparecencia judicial tuvo lugar dos días después mediante videoconferencia.
El arresto se produjo durante el Gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., cuya familia había mantenido anteriormente una alianza política con Duterte antes del deterioro de las relaciones entre ambos sectores.
El caso tiene su origen en la investigación internacional sobre las muertes ocurridas durante las operaciones antidrogas desarrolladas en Filipinas. El TPI autorizó en septiembre de 2021 una investigación sobre presuntos delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, período que comprende parte de la gestión de Duterte como alcalde de Dávao y posteriormente como presidente del país.
Filipinas se retiró formalmente del Estatuto de Roma en marzo de 2019, pero el tribunal ha sostenido que mantiene jurisdicción sobre los presuntos delitos cometidos mientras el país formaba parte del tratado.
La “guerra contra las drogas”
Duterte llegó a la Presidencia en 2016 después de haber construido buena parte de su carrera política en Dávao, ciudad de la que fue alcalde durante varios períodos. Una de sus principales promesas fue extender a todo el país su estrategia de combate al narcotráfico.
La política derivó en miles de muertes durante operaciones policiales y hechos atribuidos a grupos armados. La investigación del TPI sostiene que existen elementos para examinar si esas acciones formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles sospechosos de participar en actividades relacionadas con drogas.
La documentación judicial inicial presentada contra Duterte incluyó acusaciones de asesinato, tortura y violación como crímenes de lesa humanidad. En la solicitud de detención de 2025 se detallaron, entre otros hechos, 19 presuntos asesinatos cometidos en Dávao entre 2013 y 2016, cuando Duterte era alcalde, además de otros episodios ocurridos durante su Presidencia.
El tribunal determinó entonces que existían motivos razonables para considerar que Duterte podría tener responsabilidad individual como coautor indirecto de asesinatos cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
Una investigación que Filipinas intentó frenar
El procedimiento ha atravesado una extensa disputa jurídica. En septiembre de 2021, el TPI autorizó formalmente la investigación, pero el proceso quedó temporalmente suspendido después de que Manila solicitara que se reconocieran las investigaciones realizadas por las propias autoridades filipinas.
En enero de 2023, los jueces permitieron reanudar las pesquisas tras analizar los antecedentes entregados por Filipinas. El Gobierno filipino había sostenido que sus instituciones nacionales estaban investigando las muertes y que, por lo tanto, no correspondía la intervención del tribunal internacional.
La detención de Duterte en 2025 cambió radicalmente el escenario. Desde entonces, el exmandatario permanece bajo custodia en La Haya mientras sus abogados han cuestionado distintos aspectos del procedimiento y han insistido en que su condición de salud debe ser considerada antes de avanzar hacia un juicio.
La comparecencia presencial de este miércoles marca así un nuevo paso en uno de los procesos internacionales más relevantes contra un exjefe de Estado asiático de los últimos años, mientras el tribunal debe resolver las cuestiones procesales pendientes y determinar el alcance definitivo de los cargos que enfrentará Duterte.
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