Un grupo de diputados de oposición recurrió a la Contraloría General de la República (CGR) para cuestionar la legalidad de la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, advirtiendo que sus alcances podrían exceder los de un mecanismo de cooperación voluntaria y corresponder, a su juicio, a un “tratado internacional encubierto” que debió ser sometido a la aprobación del Congreso.
La presentación fue realizada por Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC), quienes solicitaron al organismo fiscalizador revisar la incorporación de Chile a la instancia impulsada por la administración de Donald Trump.
Los parlamentarios cuestionan la explicación entregada por el Gobierno, que presentó el Escudo de las Américas como un marco voluntario de coordinación entre países del continente para enfrentar el crimen organizado mediante intercambio de información, capacitación policial y coordinación fronteriza.
A juicio de los requirentes, sin embargo, los compromisos contenidos en la declaración conjunta suscrita por los países participantes abarcan materias que van más allá de la cooperación en seguridad. Por ello, sostienen que el Presidente José Antonio Kast podría haber excedido sus atribuciones al formalizar la adhesión sin que esta pasara previamente por el Congreso.
Diferencias entre las versiones
Uno de los principales argumentos expuestos ante Contraloría apunta a las diferencias entre la información difundida inicialmente por el Ejecutivo y los alcances de la declaración conjunta publicada posteriormente por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El 22 de septiembre, cuando Chile formalizó su adhesión, Cancillería describió el Escudo de las Américas como un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos”, destacando entre sus objetivos el intercambio de información, la capacitación de las policías y una mayor coordinación fronteriza.
Posteriormente, Estados Unidos difundió una declaración conjunta suscrita por 15 países, entre ellos Chile, que establece tres pilares para la iniciativa: economía, seguridad y coordinación multilateral. El documento contempla, entre otras materias, explorar mecanismos de control de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables, y promover estándares para proveedores de infraestructura digital.
En materia de seguridad, la declaración también plantea solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para estudiar la creación de un órgano de consulta bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con miras a facilitar una eventual “acción colectiva” contra organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Para los diputados, estos elementos demostrarían que el acuerdo no se limita a la cooperación policial contra el crimen organizado, sino que incorpora compromisos en ámbitos económicos, de seguridad y coordinación internacional.
En ese contexto, los parlamentarios recurren a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y sostienen que, para determinar la naturaleza jurídica de un instrumento internacional, no basta con la denominación que se le entregue, sino que deben considerarse los compromisos que genera entre los Estados.
Soberanía, minerales críticos y seguridad
Otro de los cuestionamientos planteados en el requerimiento apunta al concepto de “soberanía hemisférica” utilizado en la declaración conjunta.
Los diputados sostienen que esta formulación podría entrar en tensión con el artículo 5 de la Constitución, al interpretar que supondría una forma de soberanía colectiva o compartida entre los Estados participantes.
La presentación también pone el foco en las disposiciones relativas a los minerales críticos. El documento suscrito por los países plantea proteger sus cadenas de suministro mediante fuentes “diversificadas y confiables” y explorar mecanismos relacionados con el control de inversiones.
A juicio de los requirentes, estas materias podrían involucrar ámbitos regulados por la Constitución y las leyes chilenas, particularmente en el caso del litio, y eventualmente requerir modificaciones al régimen jurídico vigente.
En materia de seguridad, en tanto, los parlamentarios cuestionan que la declaración contemple mecanismos vinculados al TIAR y sostienen que una eventual “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas podría abrir la puerta a una cooperación de carácter militar que tendría que ajustarse a las normas nacionales sobre el ingreso de tropas extranjeras.
Solicitud a Contraloría
A partir de estos antecedentes, los diputados solicitaron a la Contraloría General de la República que requiera a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums asociados al Escudo de las Américas, además de los actos administrativos adoptados con motivo de la incorporación de Chile.
Asimismo, pidieron al organismo determinar si la adhesión del país se ajustó a derecho y si los instrumentos que forman parte de la iniciativa debieron ser sometidos previamente a la aprobación del Congreso.
La entrada Diputados recurren a Contraloría por adhesión de Chile al Escudo de las Américas y acusan “tratado encubierto” se publicó primero en El Periodista.
