Una nueva ofensiva política se abrió en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la diputada Carolina Tello, jefa de bancada del Frente Amplio, anunciara la presentación de una Comisión Especial Investigadora para indagar eventuales vínculos del Gobierno del presidente José Antonio Kast con redes internacionales asociadas al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.
La iniciativa surge en medio de investigaciones en Hungría sobre posibles irregularidades en el financiamiento de plataformas conservadoras globales, entre ellas la organización Political Network for Values (PNfV), que fue presidida por Kast entre 2022 y 2024, antes de asumir la Presidencia.
El anuncio se produce tras la llegada al poder del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien ordenó indagar el eventual uso de recursos públicos para financiar redes políticas internacionales vinculadas al anterior gobierno de Orbán.
En ese contexto, la oposición chilena busca establecer si existieron nexos, apoyos o eventuales flujos de financiamiento entre el entorno del mandatario y estas estructuras hoy bajo cuestionamiento en Europa.
Críticas desde el Frente Amplio
Desde el Frente Amplio cuestionaron los vínculos políticos del Presidente con el liderazgo húngaro. Tello calificó como “gravísimo” que se reivindique la figura de Orbán desde el Gobierno, especialmente considerando las investigaciones en curso en ese país.
“Debe dar explicaciones al país con total transparencia y probidad”, señaló la parlamentaria, quien lidera la iniciativa.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra la participación de Kast en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde envió un mensaje destacando el modelo de Orbán como una “inspiración”, así como una reunión sostenida en Budapest con el líder europeo antes de asumir el cargo.
Alcances de la comisión
De aprobarse, la comisión investigadora tendrá un plazo de 60 días para emitir un informe y centrará su trabajo en eventuales actuaciones de organismos clave del Ejecutivo, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Presidencia.
La ofensiva parlamentaria busca trasladar al Congreso un debate que ya se desarrolla a nivel internacional, abriendo un nuevo frente de presión política sobre La Moneda en un contexto marcado por tensiones entre oficialismo y oposición.
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