Una fuerte crisis sacude al sistema judicial de Bolivia luego de la detención del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien fue aprehendido junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.
Ambos fueron interceptados por efectivos policiales cuando llegaban desde Sucre. Mariaca fue posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en El Alto.
La detención se produjo pocos días después de que Estados Unidos impusiera restricciones de visa contra Mariaca y otros funcionarios latinoamericanos, en medio de acusaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.
Washington sostiene que Mariaca habría abusado de su cargo para solicitar y recibir sobornos con el propósito de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que personas acusadas de delitos violentos eludieran la acción de la justicia.
Mariaca ha rechazado las acusaciones y cuestionado la actuación estadounidense.
Gobierno apunta a una presunta organización criminal
Con el paso de las horas, el caso adquirió una dimensión mayor. El Gobierno boliviano señaló que la aprehensión del fiscal general forma parte de un operativo contra una presunta organización criminal que habría operado dentro del sistema judicial y del Ministerio Público.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que otras personas también fueron detenidas durante los procedimientos. Las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por la investigación y los tribunales.
El caso ha quedado además relacionado con las investigaciones sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los delincuentes más buscados de la región y cuya presencia clandestina en Bolivia provocó anteriormente una extensa investigación sobre sus contactos y redes de protección.
Durante esta jornada también se conocieron versiones sobre procedimientos realizados en distintos puntos del país y diligencias vinculadas con personas cercanas a las autoridades investigadas.
Fiscalía denuncia irregularidades
Desde el Ministerio Público, en tanto, funcionarios denunciaron inicialmente que Mariaca había sido objeto de un “secuestro” y aseguraron que el procedimiento se realizó sin exhibir una orden de aprehensión.
La tensión aumentó después de que efectivos policiales ingresaran a dependencias de la Fiscalía General en Sucre. Funcionarios de la institución cuestionaron el procedimiento y denunciaron vulneraciones a la institucionalidad y al debido proceso.
El operativo también generó controversia debido a las condiciones en que fue ejecutado. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, afirmó que la actuación contra el fiscal general se efectuó sin presencia de fiscales, circunstancia que abrió interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.
Las acusaciones de Estados Unidos
La caída de Mariaca ocurre apenas días después de una ofensiva estadounidense contra funcionarios latinoamericanos acusados de corrupción y vínculos con organizaciones criminales.
La medida alcanzó a 18 personas de distintos países de la región y tuvo especial impacto en Bolivia. En el caso del fiscal general, Washington formuló acusaciones particularmente graves al señalarlo por presuntamente recibir sobornos para facilitar actividades de narcotráfico.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz había anunciado inicialmente que solicitaría explicaciones a Estados Unidos debido a la gravedad de las imputaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo entonces que correspondía conocer los antecedentes que sustentaban las acusaciones.
La detención representa ahora una escalada considerable, al trasladar las denuncias desde el ámbito diplomático a una investigación interna con eventuales consecuencias penales.
El antecedente del caso Marset
El nombre de Sebastián Marset ha estado durante años en el centro de investigaciones internacionales por narcotráfico y lavado de activos. Su permanencia en Bolivia y posterior fuga generaron cuestionamientos sobre la existencia de posibles redes de protección dentro de instituciones estatales.
Las nuevas diligencias buscan determinar si funcionarios públicos facilitaron las operaciones de esas estructuras o recibieron pagos para garantizar protección o impunidad.
Las acusaciones contra Mariaca y los demás involucrados permanecen bajo investigación y no constituyen por sí mismas una condena. El caso, sin embargo, abre una de las mayores crisis recientes para el Ministerio Público boliviano y amenaza con extender sus repercusiones hacia otras instituciones del Estado.
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