La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el cierre definitivo de la prisión de El Helicoide, en Caracas, al considerar que su funcionamiento es incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La decisión forma parte de una sentencia que responsabiliza al Estado venezolano por la detención ilegal, torturas y persecución política sufridas por Jorge Rojas Riera tras participar en una protesta pacífica en septiembre de 2003.
El fallo establece que las autoridades venezolanas restringieron de manera deliberada la libertad de pensamiento, expresión y participación política de Rojas Riera, quien fue arrestado por agentes de inteligencia y posteriormente recluido en El Helicoide, una instalación administrada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención para opositores políticos.
Según la sentencia, durante su permanencia en el recinto el afectado fue sometido a actos de tortura que nunca fueron investigados de manera efectiva. La Corte sostuvo que su encarcelamiento generó un riesgo grave para su integridad física y sus garantías judiciales, una situación que, a juicio del tribunal, continúa afectando a las personas que permanecen detenidas en ese lugar.
Además del cierre de El Helicoide, la Corte ordenó al Estado venezolano reabrir las investigaciones penales para esclarecer completamente los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. También dispuso la creación de protocolos especializados para investigar denuncias de tortura y malos tratos, junto con un registro centralizado de denuncias y medidas adoptadas en relación con estos hechos.
El tribunal también instruyó el pago de indemnizaciones y otras medidas de reparación a favor de las víctimas, aunque la sentencia no detalló públicamente los montos económicos involucrados.
La resolución adquiere especial relevancia porque, a fines de febrero, el Ministerio de Obras Públicas de Venezuela había anunciado el inicio de trabajos para transformar El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, en el marco de un proyecto impulsado por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. La sentencia ahora exige el cierre definitivo de la instalación como centro de detención.
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